Un centenar de españoles serán seleccionados para formar parte de la Asamblea Ciudadana para el Clima, cuya función será debatir y proponer un conjunto de recomendaciones, no vinculantes, sobre las políticas climáticas con las que creen que España debe alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Sus recomendaciones serán entregadas al Gobierno y posteriormente al Parlamento, para que traten de darles forma legal. La iniciativa está incluida en la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que ya está en vigor y que daba un plazo de seis meses para ponerla en marcha.
España sigue así la estela de otros países, como Francia o Reino Unido, que ya cuentan con estas asambleas de ciudadanos voluntarios, aunque escogidos bajo un criterio de selección que busca una adecuada representatividad de la sociedad española.
Se trata de una reclamación de las ONG ambientales y sociales que finalmente fue incorporada a la norma. No obstante, estas organizaciones querían haber participado en la propia elaboración de la Ley de Cambio Climático, pero la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, ha admitido que aunque esa era también la intención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pero la pandemia "lo hizo inviable".
En un encuentro con los medios de comunicación, Ulargui ha explicado que ahora se abre el periodo de consultas, hasta mediados de junio, para poner en marcha la Asamblea, su composición, temas, estructura y demás detalles con el objetivo de "lograr el mayor nivel de participación de los ciudadanos" y "ante la sensibilidad creciente y gran paso en la concienciación social en materia de cambio climático".
El centenar de asamblearios tendrán el mandato de analizar la pregunta: "Una España más segura ante el cambio climático, ¿Cómo lo hacemos?", aunque también se podrán definir temas más acotados y específicos sobre las soluciones de mitigación y adaptación al cambio climático de aquí a 2050.
De ese modo, el Gobierno pondrá en marcha una orden ministerial que facilite ese espacio que debe ser "independiente y transparente" y cuyas recomendaciones se enviarán al Gobierno y posteriormente al Congreso de los Diputados que como "cámara de representación ciudadana que recoge también todos los procedimientos consultivos".
Con esa premisa, ha señalado que se establecerán unos órganos de gobernanza articulados en un Panel de Coordinación, un Grupo de Expertos Independiente y unos Embajadores. Además, se contará con un equipo técnico independiente para la selección de los ciudadanos y otro especializado en procesos deliberativos, para dinamizar las sesiones de la Asamblea.
En concreto, Ulargui ha precisado que se articulará un Panel de Coordinación, un Grupo de Expertos Independiente y unos Embajadores. Además, se contará con un equipo técnico independiente para la selección de los ciudadanos y otro especializado en procesos deliberativos, para dinamizar las sesiones de la Asamblea. Toda la información relativa a los trabajos de la Asamblea y al grupo de expertos independientes se recojan en una página web propia, que se lanzará tras la publicación de la Orden ministerial definitiva.
Las cien personas elegidas de forma aleatoria representarán "la diversidad de la sociedad española", en cuanto a sexo y género, edad, origen rural o urbano, nivel educativo, incluso posición respecto al cambio climático etcétera. Para ello el Gobierno podrá en marcha una contratación pública con la que recibirá propuestas sobre la mejor metodología que cumpla con los criterios de "independencia y representatividad".
Estos ciudadanos, que serán remunerados, celebrarán cinco sesiones de trabajos on-line y la Asamblea Ciudadana contará con su propia página de Internet donde se colgarán los trabajos y propuestas.
En cuanto a los plazos, la directora de la Oficina Española de Cambio Climático ha expuesto que tras la orden ministerial que desde este miércoles hasta el 16 de junio estará en información pública, el Gobierno contratará a la consultora que será la encargada de contratar a los cien elegidos con la vista puesta en que la Asamblea se ponga en marcha en el mes de otoño y sus recomendaciones estén listas durante el primer trimestre de 2022.
Mientras se realiza el "reclutamiento de ciudadanos", desde junio a otoño, la Oficina realizará las tareas preparatorias, tales como la selección de temas y contenidos. "Conseguir la ambición y la neutralidad climática en 2050 es un objetivo político, pero hay que aterrizarlo en el corto plazo y en la estrategia a largo plazo", ha comentado Ulargui que considera que los ciudadanos "tienen que aportar a ese proceso" con espacios de participación en la política pública".
La existencia de la Asamblea ciudadana no excluye del proceso de participación a otros órganos de gobernanza como el Consejo Asesor de Medio Ambiente, entre otros.
Finalmente, las recomendaciones de estos ciudadanos que "no tienen mandato popular" no serán vinculantes pero Ulargui confía en que puedan tener recorrido parlamentario por ejemplo con proposiciones no de ley que podrán presentar los distintos grupos políticos. "Lo importante es generar debate", considera, aunque recuerda que los representantes democráticos tienen que saber cuáles son las propuestas que tienen visos de ser más transformadoras y beneficiosas para la Transición Ecológica.
En definitiva, la directora de la Oficina Española de Cambio Climático opina que la asamblea es "una enorme oportunidad para lanzar entre todos un proceso participativo en nuestro país en torno a un reto tan complejo y urgente como la emergencia climática, en un contexto de transición ecológica y de grandes desafíos económicos y sociales".
