La dificultad de conocer el problema de la violencia de género y la valentía de enfrentarse a él son dos de las principales causas que han llevado a muchas mujeres a normalizar una situación de malos tratos sin acudir a las diferentes ayudas que ofrece la sociedad o a denunciar los hechos directamente ante los Juzgados.
Este hecho parece que, poco a poco, va cambiando. Al menos el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género lo indica a través de sus datos. Y es que en el tercer trimestre de 2017, los juzgados españoles recibieron un total de 42.571 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento interanual del 11,7 por ciento.
Además, la concienciación y formación también llega a los jueces, que en este mismo periodo de tiempo, concedieron hasta tres puntos más órdenes de protección que en 2016, mientras que descendió en la misma proporción el número de órdenes de protección solicitadas.
Sin embargo, en cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000, Castilla y León se encuentra entre las más bajas, con apenas once, junto con Asturias y poco por delante de Galicia. En el otro extremo, las Comunidades de Baleares, con una ratio de 25,7, Murcia, con 23,1, Comunidad Valenciana, con 22,5 y Canarias, con 21,5.
Descendió el número de víctimas que se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar
En el tercer trimestre del año, en 4.145 casos, la víctima de violencia de género se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar, lo que supone un porcentaje de un 10,1 por ciento en relación con el total de mujeres víctimas de violencia de género. Esta ratio supone un descenso de casi dos puntos respecto a la cifra del mismo trimestre del año anterior.
Se constata una vez más en los datos estadísticos que esta renuncia a declarar en el proceso se produce en una ratio superior en las mujeres extranjeras que en las españolas (un 12,1 frente a un 9,2 por ciento).
Menos solicitudes y más concesiones de órdenes de protección
Las solicitudes de órdenes de protección en los juzgados especializados con respecto al mismo trimestre de 2016 descendieron en un porcentaje del 3,38 por ciento. Fueron adoptadas un total de 6.663 órdenes de protección, un 68,2 por ciento de las órdenes de protección solicitadas, lo que supone un incremento interanual en términos absolutos del 1,8 por ciento y de un 3,5 por ciento en la proporción de órdenes concedidas sobre órdenes solicitadas.
En los juzgados de guardia, se acordaron 1.051 órdenes de protección, lo que supone un 74 por ciento del total de las solicitadas, habiendo sido denegadas 360. En el tercer trimestre de 2016 el porcentaje de órdenes acordadas fue de un 72 por ciento.
En un 50 por ciento de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección. Dato prácticamente similar al del mismo trimestre del año 2016. Un 2 por ciento de las mujeres víctimas que solicitaron orden de protección fueron mujeres menores de edad.
Además, derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares se adoptaron 15.473 medidas judiciales penales, entre las que destacan la orden de alejamiento, la prohibición de comunicación, la suspensión de la tenencia y uso de armas, la salida del domicilio, la prohibición de volver al lugar en que se cometió la agresión y las medidas privativas de libertad.
Al mismo tiempo se dictaron 3.760 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal. Un 19 por ciento de las medidas adoptadas lo fueron en relación con la prestación de alimentos y un 16 por ciento resolvieron la atribución de la vivienda. En un 4,6 por ciento de los casos las medidas supusieron la suspensión de la guarda y custodia de los hijos y en un 2,3 por ciento de los supuestos se procedió a la suspensión del régimen de visitas.
El número de medidas civiles cautelares adoptadas se mantiene en términos estables, según reflejan las series trimestrales desde el año 2012, una vez superado el impacto que tuvieron en 2015 las reformas legales tendentes a considerar a los menores como víctimas de violencia de género.
