El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas aprobaron este miércoles, 21 de noviembre, un Acuerdo Marco para la Estrategia Sinhogarismo 2023-2030, que pretende evitar que nadie duerma en la calle contra su voluntad en ese año. Aprobada por consenso en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, se trata de una Estrategia que tiene por objetivo la erradicación del sinhogarismo de calle en 2030, así como prevenir la aparición de estas situaciones.
A través de este acuerdo, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas se comprometen a trabajar juntas en el diseño, implementación y consecución de los objetivos marcados por la Estrategia Nacional, la creación de instrumentos y mecanismos de coordinación y cooperación entre los servicios sociales y los departamentos de vivienda, y el desarrollo de un sistema de prevención orientado a la detección, la atención temprana y la reducción de las consecuencias del sinhogarismo.
Otros compromisos se refieren a la transformación progresiva del sistema de atención a personas sin hogar, con respuestas a las situaciones que no puedan prevenirse y “soluciones personalizadas, orientadas a la vivienda y con un enfoque de desinstitucionalización”; la asignación de suficientes recursos económicos a la transformación del sistema; el fomento del acceso a una vivienda asequible y de calidad para personas sin hogar y otros perfiles en riesgo, mediante el impulso de la vivienda social y de promoción pública; la generación de conocimiento sobre la realidad del sinhogarismo, y la incorporación de los aprendizajes obtenidos de la innovación y los proyectos experimentales en las políticas públicas en cada territorio.
Desinstitucionalización
Por último, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 presentó a las comunidades autónomas la 'Estrategia de desinstitucionalización para una buena vida en la comunidad', un proyecto que articula las recomendaciones hechas a España desde la Comisión Europea en materia de modelo de cuidados, sobre todo en lo relativo al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó en 2007.
Esta Estrategia es también un compromiso que el Gobierno ha adquirido con la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Este proyecto, que se encuentra en sus primeras fases, sigue las orientaciones de las normativas internacionales que promueven que las personas puedan vivir en los entornos comunitarios con los apoyos y cuidados que necesiten, y responde al deseo y aspiraciones de muchas personas a elegir cómo quieren vivir. Para ello, se inspira en las recomendaciones de distintos estudios e investigaciones y en las experiencias y aprendizajes de los países que más han avanzado en las políticas de cuidados.
Según se explicó en el Consejo Territorial, la voluntad del Gobierno es elaborar la Estrategia en estrecha colaboración con las comunidades autónomas, que son quienes tienen competencias en servicios sociales.
Contará además con una amplia participación de personas con necesidades de apoyos, ciudadanía, órganos consultivos, profesionales del sector, entidades del Tercer Sector, entidades y empresas prestadoras de servicios, agentes sociales, personal investigador y de la academia.
En este sentido, el Gobierno informará a las autonomías sobre los pasos que se van dando y sus resultados, que serán sometidos a consulta con objeto de recabar el consenso de las mismas. Se trata, según el Ministerio, de “una “fantástica oportunidad” para impulsar el desarrollo de nuevas modalidades de servicios de proximidad, que apoyen la vida en la comunidad y de base familiar para un gran número de personas.
