La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destinará el próximo año más de 174,3 millones de euros a la provincia de Salamanca, de los que casi 71,5 millones se invertirán en proyectos de obra nueva –como la finalización de la nueva residencia de la capital o la construcción de un nuevo centro de menores–, en trabajos de mejora, modernización y equipamiento de otros centros y en la prestación de servicios sociales.
Esta última es la cuantía consignada para este territorio en los tres capítulos más inversores del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022, que para el área social por excelencia del Gobierno autonómico alcanza la cifra récord de 1.216 millones de euros, con un crecimiento del 12,5 % sobre las cuentas en ejecución.
Estos recursos se orientarán directamente a las familias y a los colectivos más vulnerables con el doble objetivo de reforzar y mejorar la protección social y acelerar la modernización de los Servicios Sociales para llegar a más personas, mediante una atención personalizada de mayor calidad, garantizando la igualdad en su prestación en todo el territorio autonómico.
Personas mayores, con dependencia y discapacidad
La partida más relevante en términos cuantitativos es la destinada a la atención a la Dependencia, que supera los 33,7 millones. Aquí se contempla la financiación necesaria para avanzar en el despliegue del novedoso sistema de atención a la Dependencia 5.0, que se fundamenta en la adecuación de infraestructuras; la innovación en los procesos; la digitalización de trámites; la extensión por el territorio del proyecto de Atención en Red; el refuerzo de la ayuda a domicilio, y la consolidación de la Teleasistencia Avanzada.
Estos retos explican que la financiación de la dependencia aumente en el conjunto de Castilla y León en casi 96 millones adicionales frente a la fijada este año (el 14,1 % más) y, con 775,39 millones de euros, represente casi el 64 % de todo el presupuesto de la Consejería.
Relacionado con lo anterior y con la atención a las personas mayores y con discapacidad, el abono de las pensiones no contributivas, de ancianidad y enfermedad concentra más de 19,5 millones de euros del presupuesto para la provincia salmantina.
En este montante están incluidas, además de las pensiones de jubilación e invalidez para personas sin recursos que no hayan cotizado el tiempo suficiente, las prestaciones económicas –de garantía de ingresos mínimos, por ayuda de tercera persona y para la movilidad– y sociales –asistencia sanitaria y prestación farmacéutica– para personas con discapacidad.
Y es que las políticas de atención a los mayores y a la discapacidad se sitúan en la primera línea de la acción de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. A las primeras se destinan en Castilla y León 284,6 millones de euros, el 24,5 % más que en 2021, para desarrollar los programas incluidos en el Plan Estratégico contra la soledad no deseada y el aislamiento social – al que se van a asignar 25 millones de euros anuales– y reforzar los de envejecimiento activo, además de elevar el 10,2 %, hasta los 87,3 millones, la cuantía dirigida a los conciertos. En el ámbito de la atención a la discapacidad, el presupuesto crece más del 10 % hasta sumar 190 millones de euros para ofrecer más servicios y más plazas.
Nueva residencia
Dentro del capítulo de inversiones reales, la obra más relevante por su envergadura y cuantía es la construcción de una nueva residencia en el barrio de Puente Ladrillo de la capital, cuya ejecución entra en la recta final. Para este centro de mayores, que será el primero de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales que se edifique plenamente adaptado al nuevo modelo de atención residencial centrado en la persona, se han consignado 10,75 millones de euros en las cuentas del próximo año.
La obra, que se encuentra actualmente en ejecución, avanza a buen ritmo y la previsión es que pueda estar finalizada en el verano del próximo año. El edificio se está construyendo sobre una parcela de 13.800 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de la ciudad y se estructura en un sótano (para instalaciones), una planta baja (que albergará el centro de día, cocina, lavandería, administración y dependencias comunes) y tres plantas que acogerán cuatro unidades de convivencia cada una. En breve, se licitará el equipamiento.
De acuerdo con la redacción del proyecto, el centro contará con un total de 170 plazas –41 dobles y 88 individuales– para personas dependientes y otras 16 correspondientes al nuevo centro de día, además de plazas de convalecencia sociosanitaria –donde se prestan cuidados integrales para facilitar la recuperación de la salud–.
La distribución de las plazas se hará en unidades de convivencia, es decir, en espacios similares a pequeños hogares ubicados en el interior de las instalaciones. Su diseño pretende favorecer que los usuarios continúen manteniendo su intimidad y el control de su vida como si se encontraran viviendo en su propio domicilio.
A esta residencia se incorporarán los trabajadores que actualmente prestan servicios en San Juan de Sahagún, aunque la puesta en marcha de las instalaciones conllevará un importante incremento de personal, al menos, de 50 empleados.
Centros de menores
En la lista de inversiones de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para la provincia salmantina figura también la construcción de un nuevo centro de protección menores, para el que se habilitado una partida de 680.750 euros para el próximo ejercicio, equivalente a la quinta parte del coste total estimado (que se eleva a 3,5 millones de euros). La previsión es que en breve se licite el proyecto básico y de ejecución para la construcción del centro.
El edificio destinado a menores se estructurará en varios módulos independientes entre sí, aunque interconectados. Con una capacidad de 36 plazas totales, se organizará en cuatro hogares-unidades de convivencia –cada uno para ocho personas–; zona de servicios comunes; una unidad de acogida para estancias de corta duración –con un aforo de cuatro menores–, y área deportiva.
Como ocurre con las unidades de convivencia diseñadas en las residencias de mayores, las del nuevo centro de menores están ideadas también para ofrecer una atención individualizada de los menores, que les recuerde a un entorno doméstico.
No obstante, a efectos de mantener el adecuado estado de conservación del centro de protección de menores Los Molinos, hay que añadir los trabajos de remodelación de este centro, que para 2022 cuentan con un presupuesto de 69.000 euros. Las mejoras en estas dos infraestructuras dedicadas a la infancia se financiarán con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Y es que, tal y como señaló el jueves en las Cortes la consejera del ramo, Isabel Blanco, las cuentas de su departamento para el próximo ejercicio son de récord también en inversión, finalidad a la que se destinan más de 141 millones de euros, casi tres veces más que este año.
De hecho, las inversiones consignadas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se canalizan también a través de las corporaciones locales, que recibirán 8,2 millones de euros para intervenciones en sus centros sociales. En la provincia de Salamanca, por ejemplo, están previstas dos subvenciones al Ayuntamiento de la capital (por importe de 208.000 euros) y a la Diputación Provincial (250.000 euros) para mejorar los recursos de atención a las personas con discapacidad.
Asimismo, en cumplimiento de los acuerdos de la Mesa del Diálogo Social de ampliación del número de plazas de unidades de atención sociosanitaria, la Gerencia de Servicios Sociales asumirá la financiación de once nuevas plazas pertenecientes a la residencia de mayores de la institución provincial.
Apuesta por las familias y la protección de los más vulnerables
A la protección de los más vulnerables y la lucha contra todas las formas de pobreza destina la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 76,5 millones de su presupuesto. En este apartado tiene su encaje la Renta Garantizada de Ciudadanía –sometida a un proceso de revisión en el Diálogo Social en su convivencia con el Ingreso Mínimo Vital– para la que se consignan 35 millones de euros en la Comunidad, de los que más de 4,6 millones se dirigen a perceptores de Salamanca.
A esto hay que añadir la partida territorializada que resulte de la concesión de las ayudas de emergencia para combatir la pobreza energética gestionadas por las corporaciones locales (que se refuerzan con una aportación extra de la Junta de cuatro millones en 2022 y cuatro en 2023), complementadas con la ayuda extraordinaria y directa de 130 euros a las familias más vulnerables para afrontar la subida de la luz y el gas.
Una de las señas de identidad de los presupuestos del departamento liderado por Isabel Blanco para 2022 es el impulso al Plan Familias, que refuerza el 123 % su dotación hasta los 36,6 millones de euros en las líneas dirigidas a la protección y apoyo a este colectivo. En este montante, que servirá para apuntalar programas y medidas de conciliación, se incluye una partida nueva de 20 millones para ayudas a la natalidad y el cuidado de los hijos.
