El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, exigió hoy a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, la creación de un nuevo fondo COVID no reembolsable para las autonomías en 2022, porque el año que viene deberán seguir afrontando gastos extraordinarios vinculados a la pandemia.
Carriedo trasladó su petición a la ministra durante la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde Montero, según dijo, se comprometió a abonar el IVA pendiente de diciembre de 2017, al conjunto de las autonomías con cargo a las cuentas del Estado de 2022, tras las sentencias favorables del Tribunal Supremo a las reivindicaciones de Castilla y León y Galicia.
Carlos Fernández Carriedo explicó que al igual que el en 2020 se destinaron 16.000 millones al fondo COVID para las autonomías y en 2021, se dotó este instrumento con 13.500, el año que viene se debería generar un nuevo fondo, porque Castilla y León deberá contratar 1.300 docentes para mantener las medidas implantadas en las aulas frente a la pandemia, y tendrá que mantener los dispositivos sanitarios para la administración de vacunas ante la previsión de que serán necesarias más dosis, junto a los refuerzos en servicios sociales.
El consejero advirtió, no obstante, que ese fondo no debe estar condicionado en las cuantías que reciba la Comunidad, al abono del IVA comprometido. Un pago, dijo, que se producirá a lo largo de 2022, aunque Castilla y León “hubiera preferido que llegase este ejercicio”, dijo.
En este sentido, Carriedo destacó que “no le parece mal” que la cantidad llegue en 2022 y recalcó la “generosidad y la lealtad” de la Comunidad, porque a raíz de su demanda en el TS y a la sentencia favorable, se ejecutará la devolución, para todas las autonomías españolas, una “buena contribución” de la Comunidad al sostenimiento de los servicios públicos a los ciudadanos de todo el territorio nacional.
Desequilibrio en el déficit
Carlos Fernández Carriedo manifestó asimismo que espera que la cuantía que reciba Castilla y León el año que viene atienda a sus demandas de 182 millones de euros, a los que se sumarán los intereses desde abril, con 455.000 euros a favor de la Comunidad, cada mes.
Por otra parte, el consejero indicó que Montero informó a las autonomías de las previsiones realizadas por el Gobierno de déficit público, que se reducirá en 2022 al seis por ciento, desde el 8,4 por ciento con el que prevé cerrar 2021, mientras que en el caso de la deuda espera que se reduzca del 120 por 100 de 2020 al 119,5 en 2021 y al 115,1 en 2022. Por administración, precisó, el Ejecutivo prevé que el déficit de la Administración central sea de 3,9 puntos, mientras atribuye 0,6 puntos a las comunidades autónomas y 0,5 puntos a la Seguridad Social, con equilibrio presupuestario para las corporaciones locales.
En este sentido, Carriedo criticó un año más el “enorme desequilibrio” en el reparto del déficit entre el Gobierno y las autonomías, cuando con las comunidades las que prestan los servicios y asumen el grueso del gasto público. El consejero pudo de relieve el esfuerzo además, que supone reducir a la mitad el objetivo de déficit desde el 1,1 por ciento de este año al 0,6 por ciento para 2022 y adelantó que la Junta irá “a esas tasas de referencia” en sus cuentas para el año que viene.
