El Constitucional tumba el recurso de Gabriel de la Mora por acusar de torturas a dos policías en Facebook

Sin embargo, el Constitucional considera que las afirmaciones difundidas no podían extraerse del contenido del vídeo y que no fueron verificadas antes de hacerse públicas. La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Laura Díez, señala que el exconcejal difundió como hechos informaciones "claramente lesivas del derecho al honor" de los agentes sin utilizar fuentes de comprobación.

Tal y como publica La Razón, De la Mora fue condenado por un delito de calumnias con publicidad a 15 meses de multa, además de indemnizar con 6.000 euros a cada uno de los dos agentes afectados. La condena fue confirmada posteriormente por la Audiencia Provincial de Salamanca y, más tarde, por el Tribunal Supremo.

En el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional, el exconcejal defendía que la sentencia vulneraba su libertad de expresión y su derecho a comunicar información veraz. Sin embargo, el alto tribunal rechaza ese argumento y sostiene que sus publicaciones no pueden quedar amparadas por esos derechos, incluso teniendo en cuenta que en aquel momento ostentaba un cargo público.

La resolución subraya que los representantes públicos gozan de una especial protección en el ejercicio de la libertad de expresión, pero también tienen una mayor responsabilidad sobre el alcance de sus manifestaciones. En este sentido, recuerda que sus declaraciones cuentan con una credibilidad adicional ante la ciudadanía, por lo que deben extremar la diligencia antes de difundir acusaciones de esa gravedad.

Asimismo, el Constitucional recuerda que reconoce que los responsables políticos pueden estar sujetos a deberes específicos cuando ejercen sus libertades comunicativas, precisamente por la influencia que sus palabras pueden tener sobre la opinión pública.

En esa línea, la sentencia insiste en que la protección constitucional no alcanza a la difusión de rumores, insinuaciones o acusaciones sin verificar, especialmente cuando se presentan como hechos ciertos. Aunque aclara que a un ciudadano no se le puede exigir el mismo nivel de comprobación que a un periodista profesional, sí considera imprescindible que exista una base fáctica suficiente antes de hacer públicas imputaciones tan graves.

Por ello, el Tribunal Constitucional concluye que Gabriel de la Mora publicó como hechos afirmaciones que no podían deducirse del vídeo que había visionado y que tampoco fueron contrastadas previamente, como las referencias a un supuesto "hospital amigo" o a unos presuntos "antecedentes por tortura" de los agentes. Al tratarse de aspectos esenciales de sus acusaciones y no de detalles secundarios, la sentencia considera que debieron ser verificados antes de su difusión.