La nueva Ley de Vivienda, aprobada en mayo, ha implantado cambios a fin de favorecer a los inquilinos y así tratar de regular los honorarios abusivos que venían ejerciendo las inmobiliarias.
Tal y como ya explicó este medio, Salamanca es la segunda provincia de Castilla y León en la que se destina un mayor porcentaje del sueldo mensual al pago del alquiler por una vivienda de 80 metros.
“Vivimos en una ciudad donde el arrendamiento está destinado al alquiler turístico y a los estudiantes de la universidad de Salamanca. Esta situación hace que los propietarios de vivienda alquilen a precios desorbitados y en condiciones insalubres ya que saben que tarde o temprano alguien alquilará la casa” ha explicado Marcos Severt, miembro de la Asamblea de Inquilinas de Salamanca, agregando que esta situación que vive la capital obliga a “los trabajadores de la ciudad a emigrar, pues las oportunidades de emanciparse o construir una vida en una vivienda en Salamanca son inasumibles por la gran mayoría de ellos”.
Además, Marcos señala que otro de los problemas son los “grandes tenedores y fondos buitres” que han supuesto “una subida generalizada de los precios en todo el Estado no siendo Salamanca una excepción”.
“Nos daban dos meses para desalojar la vivienda”: El caso de Nieves de la Granja
La familia de Nieves de la Granja, formada por los padres y dos menores de 9 y 13 años, llevaba viviendo de alquiler en un piso un total de nueve años hasta que recibieron un escrito que les cambió su realidad. “En mayo sin previo aviso nos enviaron una carta de la cámara de la propiedad que no querían renovarnos y que nos daban dos meses para desalojar la vivienda”, ha contado la madre.
Actualmente, la familia paga 375 euros más los gastos de comunidad por un piso que “estaba en condiciones muy penosas cuando entramos”, con persianas de madera que ni siquiera cerraban hasta abajo, según cuenta Nieves.
En definitiva, han ido construyendo allí un hogar “poniendo el piso poco a poco aregladito, pintamos, arreglamos y cambiamos, de todo un poco”, algo que pretende aprovechar su arrendador, quien busca nuevos inquilinos para alquilar su inmueble por 800 euros, precio que ha alcanzado gracias a las mejoras que la familia ha hecho de su propio bolsillo.
“Las inmobiliarias siguen abusando de su posición aprovechando situaciones de vulnerabilidad como son el ser joven, migrante o extranjero. Se aprovechan del desconocimiento de los derechos y sus situaciones problemáticas para realizar prácticas abusivas e ilegales”, ha denunciado el miembro de la asamblea.
Búsqueda a contrarreloj y precios “altísimos”
Al recibir la carta, la compleja situación que atraviesa Salamanca en el ámbito inmobiliario se puso de manifiesto. “Los precios son altísimos. Al principio solo encontrábamos pisos de unos 800 euros para arriba, y por supuesto nada de pisos sin amueblar. Solicitamos los pisos de protección oficial de la Junta y del Ayuntamiento, llamamos a la asistenta social y me dijo que si no había recibido la carta de desahucio no podía hacer nada”, declara Nieves, quien define esta situación como algo “increíble”.
El núcleo familiar cuenta con un sueldo de media jornada y una pensión de 600 euros por invalidez del 33/100. Con estos ingresos se les complica acceder a algunas de las viviendas, otra de las cuestiones que denuncia la plataforma de inquilinas. “Vemos cómo por el mero hecho de ser joven o migrante te restringen el acceso a determinadas viviendas por un sesgo muchas veces racial de no ser capaz de asumir el coste de las mismas o de pretender deteriorar los diferentes inmuebles”.
Aunque no son los únicos honorarios abusivos que se continúan sufriendo. “Actualmente se puede observar cómo las inmobiliarias siguen cobrando los gastos de gestión a los inquilinos (cuestión que es ilegal) y siguen alquilando pisos destinados solo para estudiantes en condiciones pésimas a precios desorbitados presionando a los caseros para subir las rentas y así llevarse más porción del pastel”, añade Marcos.
Tres meses más gracias a “una organización popular y combativa”
Finalmente, Nieves y su familia han conseguido un aplazamiento con la ayuda de la Asamblea de Inquilinas de Salamanca. En concreto, disponen de tres meses más, aunque la madre asegura que la búsqueda está siendo “horrible” porque “no se encuentra nada” ni siquiera para comprar, que es su deseo actual.
Por su parte, la plataforma aboga por “una organización popular y combativa” de los trabajadores que “permita luchar contra esta situación con el único objetivo de desmercantilizar todo aquello que consideramos como necesario para la vida”, como es el caso de la vivienda.
La familia se suma a este reclamo manifestando que “cada uno puede aportar algo diferente” y señalan lo “necesarias” que son estas asambleas y plataformas hoy en día ya que “son un gran apoyo emocional, te transmiten empatía, constancia y buscan cada recoveco legal para que podamos agarrarnos a él” asegurando así el bienestar y los derechos de todas las personas.
