La Central Sindical Independiente y de Funcionarios alerta sobre el riesgo que conllevará, en los próximos años, la jubilación de los empleados públicos en el sector de la Administración General del Estado, el más envejecido, si no se pone fin a la tasa de reposición. El 60% tiene más de 50 años, y la incorporación de empleados jóvenes se ha reducido radicalmente en un 80% a nivel nacional, por el efecto de la paralización de contrataciones, según comentan.
Así lo recuerda el presidente del sector autonómico de la Administración General del Estado (AGE) de CSIF Castilla y León, Juan Carlos González. La reducción de la plantilla de empleados públicos ha respondido, desde el inicio de la crisis, a un control del gasto público, remarca CSIF. “En estos años, la tasa de reposición ha pasado desde el 100% del año 2003 a mínimos históricos en la actualidad. Con la mejoría de la situación económica, la tasa de reposición ha revertido, pero solo en organismos prioritarios, como son Educación, Sanidad o Fuerzas y Cuerpos de seguridad. Todos los demás tienen su tasa de reposición congelada, el más afectado ha sido el Sector de Administración General del Estado", añade CSIF.
Esta situación ha llevado a que las bajas no cubiertas y la escasa, o casi nula, convocatoria de Oferta de Empleo Público, sobrecarguen de trabajo a los empleados públicos, y los usuarios de los distintos servicios vean como se incrementa el periodo de espera para ser atendidos, indica CSIF. De esta manera, continúan, hay determinados organismos, como Subdelegaciones, que se encuentran prácticamente al 50% del personal. si a esto se suma la posibilidad de futuras jubilaciones anticipadas a los 63 años, “nos encontraremos ante una situación caótica para la administración del Estado”.
Según el boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones públicas, y datos obtenidos de la Subdirección General de Relaciones Laborales con fecha de 1 de noviembre de 2016, se observa que la caída de empleo que viene sufriendo la AGE desde julio de 2010, en Castilla y León, es del 14,6% de la plantilla, concretamente 1.730 empleados públicos menos. En julio de 2010 el número de trabajadores era de 13.634 en la Comunidad, y en noviembre de 2016 había bajado a 11.804. La pérdida de funcionarios ha sido de 1.120 empleados y de laborales de 572 (de 3.493 a 2.910.
Dentro de ello, Salamanca se encuentra entre las que menos han perdido, 116 y un 7%, mientras que en el resto, en todas se encuentran por encima de la decena porcentual. Si a estos datos “clarificadores” se añade el “alarmante” envejecimiento de los trabajadores, “puede verse con claridad que desde CSIF pidamos que se elimine de una vez por todas la tasa de reposición, y se lleve a cabo un plan de recursos humanos en la administración central, para afrontar esta situación de emergencia”, afirma Juan Carlos González.
Para el responsable del sector de AGE de CSIF Castilla y León, merece una mención especial la situación en Instituciones Penitenciarias, por el incremento de agresiones a los funcionarios de prisiones. “La falta de efectivos en las prisiones, el envejecimiento de las plantillas, la elevada incidencia de los problemas de salud mental entre los internos de las cárceles, o el hacinamiento de los presos, son factores con conforman una combinación explosiva, que está provocando un aumento intolerable del número de agresiones a los trabajadores de prisiones”.
