La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha remitido una carta formal a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solicitando la habilitación del crédito necesario para aplicar el incremento salarial de los empleados públicos conforme al IPC, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025.
Esta petición coincide con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la orden que establece las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2026. A partir de esta normativa, los órganos y entidades del sector público estatal deberán presentar sus propuestas presupuestarias antes del 12 de septiembre.
Aprovechando este trámite, CSIF ha reiterado la necesidad de incluir en la nueva norma presupuestaria una serie de medidas destinadas a mejorar las condiciones económicas y laborales del conjunto de trabajadores y trabajadoras del sector público. El sindicato subraya que estos avances repercutirán directamente en una mayor calidad de los servicios públicos, en el fortalecimiento del Estado del Bienestar y en la protección del capital humano de nuestras administraciones.
Principales reivindicaciones de CSIF
Subida salarial conforme al IPC, con efectos desde el 1 de enero de 2025.
Recuperación del poder adquisitivo perdido, estimado en más del 20 %.
Restitución del régimen retributivo previo a los recortes de 2010, incluyendo el 100 % de las pagas extraordinarias.
Equiparación salarial entre empleados públicos del mismo cuerpo y escala, sin importar el territorio o administración en que trabajen.
Adecuación de los Grupos Profesionales, según el artículo 76 del TREBEP.
Desarrollo de la carrera profesional para todos los empleados públicos.
Actualización de las indemnizaciones por razón de servicio, incluyendo manutención, alojamiento y uso del vehículo particular.
Homologación salarial del personal laboral en el exterior, ajustando sus retribuciones al coste de vida de cada país.
Actualización de las indemnizaciones por residencia, congeladas desde hace más de 25 años.
Posibilidad de pactar subidas salariales superiores a las establecidas por ley, a través de la negociación colectiva.
Supresión de la tasa de reposición en las ofertas de empleo público, para que las administraciones puedan ajustar su personal según sus necesidades reales.
Promoción interna más flexible, eliminando los actuales procesos selectivos y sustituyéndolos por cursos selectivos.
Implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para todo el personal del sector público.
Regulación de la jubilación parcial para funcionarios y personal estatutario, aplicable en todas las administraciones.
Jubilación anticipada por actividad, para colectivos con trabajos especialmente penosos, tóxicos o peligrosos.
Incremento de los haberes reguladores de las pensiones del régimen de Clases Pasivas, equiparándolos a los del Régimen General.
Jubilación voluntaria a los 60 años dentro del Régimen General de la Seguridad Social.
