La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha registrado una petición formal a Instituciones Penitenciarias en la que reclama que se dote a los funcionarios de pistolas eléctricas para defenderse ante potenciales agresiones y que se endurezcan las faltas y sanciones disciplinarias a los reclusos.
Lo ha hecho después de una nueva agresión en una cárcel española similar a las que se han venido produciendo en Salamanca en los últimos meses.
Como denuncian, estos hechos se producen en un contexto de escasez de plantilla, falta de medios y carencia de formación en seguridad. El Gobierno tiene previsto aprobar la oferta de empleo público para 2019 en la Administración General del Estado que, según los datos adelantados, "apenas sirve para cubrir las jubilaciones previstas y mantiene los niveles endémicos de destrucción de empleo".
En todo caso, CSIF señala la necesidad de actualizar el catálogo de medios coercitivos, habida cuenta de que los trabajadores penitenciarios desarrollan su función con un colectivo en el que predominan los comportamientos agresivos y antisociales, trastornos mentales y conductas adictivas.
En este sentido, CSIF reclama un medio defensivo eléctrico que permita incapacitar a un sujeto que dé muestras de una agresividad o violencia inusual y una feroz resistencia frente a la actuación del funcionario, pudiendo derivar en previsibles y serias lesiones.
De la misma manera, CSIF insiste en la necesidad de considerar a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad para refoprzar su seguridad y una mejora del Protocolo de Agresiones, que incorpore medidas preventivas, adecuadas y un incremento en el presupuesto para reforzar las actuales medidas de protección de funcionarios.
