La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Gobierno la publicación inmediata de una Oferta de Empleo Público extraordinaria para el SEPE y una dotación suficiente de recursos humanos, estructurales y profesionalizados ante la situación de emergencia social por el COVID19 y las previsiones económicas y del mercado laboral.
CSIF solicita la implementación de la jornada de tarde de manera voluntaria en este organismo, como sucede en el conjunto de Entidades Gestoras de la Seguridad Social. Las horas extras autorizadas para el SEPE no son suficientes para afrontar la actual carga de trabajo, circunstancias que se podría paliar habilitando una jornada de tarde.
CSIF también reclama un apoyo decidido a la inversión en medios tecnológicos. Las aplicaciones y sistemas informáticos, con una antigüedad media de treinta años, ponen de relieve las deficiencias en la gestión y dificultan una tramitación más ágil de las prestaciones por desempleo.
En las dos últimas semanas, según datos recabados por CSIF, la plantilla del SEPE ha tenido que asumir la tramitación de cerca de 150.000 nuevos ERTES que afectan a más de 720.000 trabajadores, junto al resto de prestaciones extraordinarias y las prestaciones ordinarias de la extensa carta de servicios del Organismo. El nuevo subsidio para los parados que se quedaron sin ingresos durante el primer estado de alarma está agravando la situación de sobresaturación de la plantilla e incide en el retraso del abono de las prestaciones.
Desde el sindicato, ya advertimos de que miles de personas afectadas siguen pendientes de regularizar sus prestaciones, muchos de ellos en una situación de una gran vulnerabilidad. Por esta razón, CSIF ha planteado una batería de medidas, entre ellas, recursos humanos y materiales suficientes para afrontar la situación, en el marco del Plan de Avance y Transformación del SEPE.
Desde el principio de esta crisis, CSIF ha insistido en la necesidad de reforzar las plantillas que, en los últimos 10 años, como consecuencia de las políticas de recortes, han perdido 3.400 efectivos y se sitúa en cerca de 8.000 trabajadores/as, una cifra manifiestamente insuficiente para atender a la ciudadanía. El personal del SEPE nos muestra su máxima preocupación por la falta de medios en estas circunstancias y están al límite ante el volumen actual de trabajo y la previsión para el 2021.
Hasta el momento, las plantillas del SEPE se han “parcheado” con personal interino que, por otra parte, provienen de actividades que no tienen nada que ver con la gestión de prestaciones. Por ello, exigimos a la Administración que dote con personal estructural y profesionalizado para acometer esta carga de trabajo.
