Esta resolución es el cumplimiento de una sentencia de 21 de febrero del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, dictada ante un recurso de apelación presentado por la Junta, por una sentencia anterior contra una decisión de la Junta respecto al concurso.
Por ello, el responsable del sector de la Administración General de la Junta de CSIF en Castilla y León, Mariano Prieto, no entiende por qué la Junta ha esperado a publicar esta resolución de obligado cumplimiento en el último minuto, sin llamar previamente a los representantes sindicales y, por tanto, “sin que los responsables políticos hayan dado la cara ante los funcionarios afectados”.
Ahora, ante la alarma generada, añade Prieto, “es muy importante que la Junta, en este caso la directora general de Función Pública o la consejera de la Presidencia en funciones, “nos informen de las consecuencias que puede tener esta resolución -del 12 de junio- para los funcionarios que se han acogido al concurso de méritos”.
Prieto recuerda que hay funcionarios que llevan sin concurso 10 años, lo que les afecta tanto a sus posibilidades de promoción y carrera profesional, como a la conciliación de la vida laboral y familiar y, por supuesto, a sus intereses económicos. “Tengamos en cuenta que Castilla y León es la región más extensa de la Unión Europea, y que un funcionario puede ser destinado en Ponferrada (León) y tener a la familia en Soria, a cientos de kilómetros; y que haya plazas vacantes en Soria, y que no pueda estar con su familia por el simple hecho de que la Junta no cumple con su responsabilidad, y no saca adelante el concurso”, apunta.
CSIF lamenta que “la Junta, durante estos últimos años, haya reiterado la imposición de condiciones sin escuchar a los sindicatos, los legítimos representantes de los empleados públicos. Es el resultado de una nefasta gestión en Función Pública y de una escasa negociación, que ha ido provocando una avalancha de recursos judiciales que, ante la inseguridad jurídica generada, han puesto en peligro derechos básicos de los empleados públicos”.
CSIF pide al nuevo Gobierno regional “que se tome en serio, de una vez, la gestión laboral de sus empleados, y que no juegue con ellos, para que no vuelva a repetirse el desastre que se ha sufrido esta legislatura, que hoy aún mantiene en vilo el futuro del concurso público y permanente de los funcionarios”.
