CSIF lamenta que “finalmente” haya tenido que acudir a los tribunales, ante la imposición de la Junta de sus criterios, y a pesar de la rotunda oposición de los docentes a realizar tareas propias del personal sanitario. Los docentes no se niegan a ejercer el deber de socorro cuando el alumnado lo precise por causa de urgencia. Pero consideramos impropias e inadecuadas las tareas que encomiendan al profesorado en la Orden de Economía y Hacienda/315/2019, de 29 de marzo que ha sido recurrida.
Las Consejerías de Educación y de Sanidad han seguido adelante con esta Orden, que por razones burocráticas ha de firmar el Consejero de Economía, a pesar de que la práctica totalidad de los docentes se oponen a la administración de medicamentos, como así se evidenció en la encuesta realizada por CSIF, que se dio a conocer hace unas semanas; obviando además las numerosas alegaciones presentadas en su día al borrador de la orden; y no teniendo en cuenta tampoco los numerosos votos particulares que se adjuntaron al dictamen del proyecto de la orden en el Consejo Escolar de Castilla y León.
Este sindicato independiente mantiene clara la posición de que “en ningún caso, la administración de medicamentos debe ser realizado por personal docente”; o de que los centros educativos deben tener asegurada una adecuada atención sanitaria con personal de enfermería, que deben ser quienes administren la medicación”, indica la responsable del sector de Educación de CSIF en Castilla y León, Isabel Madruga.
CSIF, además de presentar este recurso, también pide al nuevo Gobierno regional que “atienda con responsabilidad la opinión de los docentes, y elimine la implicación al docente en tareas de atención y responsabilidad sanitaria, como es la administración de medicamentos, porque pudiera tener consecuencias muy graves para el alumno y para el docente”, apunta Isabel Madruga.
Madruga explica que “si en los hospitales se garantiza la atención educativa de los enfermos con docentes como sucede con las aulas hospitalarias, lo lógico es que las necesidades sanitarias las atiendan profesionales sanitarios. El profesorado no tiene que llevar a cabo tareas sanitarias que no les son propias, para las que no están formados y que pueden acarrearles responsabilidades personales, más allá del cumplimiento de sus competencias”.
En el artículo 12, sobre ‘Administración de medicación’, la orden recurrida señala que “La dirección del centro docente debe organizar la custodia, el acceso y la administración de medicamentos con la colaboración de todos los profesionales del centro (…)”. La negativa sindical a lo contemplado en este artículo fue unánime, y “ahora nos lo encontramos publicado en la norma del boletín oficial y además con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación, un presupuesto ya de por sí muy ajustado a las amplias necesidades educativas que tiene nuestra Comunidad”, concluye Isabel Madruga. Lamenta que “no se hayan atendido nuestras demandas”, e insiste de nuevo en la reivindicación histórica de dotar a los centros docentes del personal sanitario necesario para atender estas necesidades.
