El pasado 30 de diciembre el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, entre los que se encuentra el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Salamanca, para que “de manera exclusiva y excluyente” lleven la materia relativa a las demandas por la cláusula suelo.
Hasta este momento, este Juzgado llevaba desde hacía siete meses estos asuntos de manera exclusiva, es decir, era el único en toda la provincia que conocía esta materia, pero no de manera excluyente, por lo que a él entraban otras materias civiles. Tal y como ha explicado Sandra de la Posada García, coordinadora regional de Justicia de CCOO, el Juzgado de Primera Instancia número 9 ha llevado de junio a diciembre el volumen de dos juzgados y medio. En este tiempo, tal y como ha subrayado, han entrado en este órgano alrededor de 1.500 demandas de cláusula suelo, a las que hay que sumar las del resto de materias, “mientras que a un juzgado normal le entran unos mil en todo el año”.
Esta nueva modificación del plan sobre cláusula suelo beneficia al Juzgado de Primera Instancia número 9 que dejará de llevar el resto de materias civiles, salvo los procedimientos ya iniciados , pero perjudica al resto de juzgados de primera instancia que deberán asumir los asuntos que antes conocía el juzgado número 9.
Los sindicatos no están conformes con esta nueva solución y coinciden en que el Ministerio de Justicia debería haber creado un nuevo juzgado especializado en cláusula suelo. “Hay volumen para otro juzgado, mínimo”, ha recalcado la representante de CCOO, quien, además, ha criticado que en Salamanca esta sobrecarga de trabajo no ha supuesto más contrataciones en la Justicia, únicamente se ha ampliado la jornada una hora al día a varios funcionarios. “El problema es un empeoramiento de la respuesta de justicia, y al final se perjudica a las personas que acuden a los juzgados para reclamar sus derechos porque la respuesta es más tardía”, ha subrayado.
Por su parte, el responsable de Justicia de CSIF, Emilio Hernández, ha afirmado que el Ministerio tenía que haber creado un nuevo órgano desde el principio que tuviera las competencias de la cláusula suelo y luego, en función de las necesidades, suprimir ese juzgado o mantenerlo para el resto de materias civiles.
“Esta situación supone muchos retrasos y empeora las condiciones laborales de los compañeros que trabajan allí”, ha destacado Hernández, quien ha criticado que el Ministerio hace las reformas que de cara a la opinión pública diciendo que hay un juzgado que está especializado en una determinada materia pero no lo acompaña de una dotación presupuestaria adecuada.
Para Sandra de la Posada García otra solución habría sido que el Gobierno central obligara a los bancos a devolver estas cantidades “cobradas ilegalmente” a la gente, de modo que se evitarían los pleitos sobre este asunto.
