La provincia de Salamanca recibirá en 2027 tres nuevas plazas judiciales y dos de fiscales tras la aprobación por el Consejo de Ministros de una ampliación de plantilla publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, las organizaciones sindicales advierten de que la medida no incluye un aumento paralelo de funcionarios de tramitación y apoyo, lo que agravará la sobrecarga de trabajo y el colapso en los juzgados salmantinos.
En detalle, la planificación estatal asigna a Salamanca una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial, otra en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia y la puesta en marcha de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer. A estas se sumarán dos puestos en el Ministerio Público: uno para la Fiscalía Provincial y otro especializado en Violencia sobre la Mujer.
Este reparto se enmarca en la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales en toda España para 2027, que elevan a 1.400 los puestos aprobados en apenas cuatro meses. Desde las organizaciones sindicales tachan este crecimiento desequilibrado de "aberración funcional", recordando que ya reclamaron 4.250 nuevos efectivos para las oficinas judiciales y fiscales en el ámbito nacional.
Los representantes sindicales critican que el Ministerio de Justicia utilice la reforma organizativa de los Tribunales de Instancia para evitar contratar personal de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial, que son quienes gestionan los expedientes y ejecutan las resoluciones. Por ello, exigen al Gobierno y a las comunidades autónomas que doten de forma urgente a las oficinas de los medios humanos necesarios para evitar que el aumento de jueces y fiscales recaiga sobre unas plantillas ya saturadas.



