A pesar de que el número de denunciantes de acoso que baraja la Junta de Castilla y León se ha mantenido estable (once casos en total en 2017 frente a los diez de 2016), los que deciden poner el caso en conocimiento de las instituciones son aún muy escasos debido a diferentes factores como el miedo o la vergüenza.
La presidenta de la Asociación Salmantina contra el Bullying y el Cyberbullying, Carmen Guillén, asegura que se trata de “una decisión muy personal” dada la magnitud de cada caso, aunque anima a los afectados a denunciar.
El primer paso que estos deben seguir es poner en conocimiento de los hechos al colegio y a partir de ahí seguir una serie de pautas. Sin embargo, según el protocolo publicado en diciembre de 2017 ya no hay obligación de comunicárselo al colegio, se puede ir directamente a Inspección de la Junta de Castilla y León.
Además, en Salamanca existe la unidad ‘3M’ (Mujer, Menor, Mayor) de la Policía Local, que cuenta con especialistas de acoso escolar, y al que la Asociación contra el Bullying remite los casos más graves.
Esta asociación pionera en Castilla y León se encarga de asesorar y apoyar tanto a las víctimas como a los acosadores, aunque también han asistido a profesores que pedían asesoramiento. Un concierto con clínicas psicológicas, criminólogos y pedagogos ha facilitado que los profesionales puedan facilitar sus servicios de manera gratuita. Y gracias a un acuerdo con la clínica jurídica de la USAL y con la Fundación General de la Universidad pueden dar asesoramiento legal.
A pesar de contar con solo un año de trayectoria, Carmen Guillén afirma contenta que han conseguido casos en los que el acoso cesen otros todavía están en tratamiento psicológico y los más graves se han derivado a la justicia, aunque “las victorias legales llevan mucho tiempo”. “Estamos contentos con todo lo que durante un año hemos podido evitar para que esto siga.”
