Facua-Consumidores en Acción alerta de que los defraudadores han encontrado en la plataforma de alquiler de viviendas turísticas Airbnb un nuevo filón para sus fechorías, por lo que ha denunciado a la empresa Airbnb Marketing Services SL, cuya sede se encuentra en Barcelona, ante la Agencia Catalana de Consumo y la Agencia Catalana de la Vivienda.
En los últimos días ha trascendido que sólo en Barcelona se han denunciado al menos tres casos en los que una persona realquilaba viviendas que no eran de su propiedad a través de la web. Por supuesto, sin conocimiento de sus propietarios, que habían arrendado los inmuebles a un inquilino cuyas intenciones reales no eran las que confesaba, ni tampoco de los turistas que buscaban alojamiento a través de la plataforma web de viviendas turísticas. Algo que se está repitiendo en toda España.
La asociación recuerda en su denuncia que la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos especifica que "el contrato no se podrá ceder por el arrendatario sin el consentimiento del arrendador" y que "la vivienda arrendada sólo se podrá subarrendar de forma parcial y previo consentimiento escrito del arrendador", que, por supuesto, en ninguno de estos casos se había producido.
Por otro lado, Facua ha comprobado que para abrir un perfil falso en la plataforma Airbnb y subir un anuncio de una vivienda cualquiera no hace falta más que una conexión a internet. Airbnb no comprueba ni la identidad de la persona tras el perfil ni, por supuesto, si la vivienda que ofrece el "anfitrión", según la terminología de la propia web, es de su propiedad o si existe un consentimiento por parte de los propietarios para que la ofrezca o, ni siquiera, si la vivienda se ajusta a las características reflejadas en el anuncio. Airbnb no comprueba absolutamente nada.
Facua considera inadmisible que la plataforma no realice ni una mínima comprobación de la identidad de las personas que se abren un perfil en Airbnb y tampoco verifique que los anfitriones dispongan de legitimidad para alquilar a terceros las viviendas que se anuncian en la web. Por esta razón, ha solicitado la apertura de sendos expedientes sancionadores a la empresa por parte de las autoridades de Consumo y de la Agencia Catalana de la Vivienda.
