Ante la amenaza de sanciones por parte de la Comisión Europea y las modificaciones llevadas a cabo en normativas nacionales, se ha abierto en castilla y león el debate sobre la pertinencia o no de mantener la ley que impide las estaciones de servicio sin personal aprobada en la región en 2016 y puesta en marcha en enero de 2017.
A principios de febrero el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, ya anunció que el PP presentará una Proposición de Ley para derogar esta normativa y permitir, así, que las gasolineras puedan funcionar sin personal.
Además, la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl) ha conseguido reunir 17.834 firmas de las que se han considerado válidas 16.971 cuando el mínimo exigido del 0,75% del censo de Castilla y León se estableció en 15.934 personas, para que prospere una Iniciativa Legislativa Popular (IPL) para conseguir una excepción para las cooperativas y que, de este modo, puedan funcionar sin trabajadores. De todas ellas, en la provincia de Salamanca se firmaron 1.774 y es la segunda vez en la historia de las Cortes que prospera una IPL, según ha señalado Urcacyl.
Sin embargo, no todos están conformes con esta posible “vuelta atrás” de la normativa. La Asociación de Estaciones de Servicio de Salamanca, perteneciente a la Confederación Empresarios de Salamanca (CES), sostiene que si se permite las gasolineras sin personal, supondrá una pérdida importante de empleo en el sector.
Así lo ha explicado a SALAMANCA24HORAS el presidente de esta asociación, Lorenzo Colomo, quien ha señalado que esta medida supondrá “muchos despidos en Castilla y León”, ya que para poder competir con las gasolineras ‘low cost’ las estaciones de servicio convencionales deberán reducir gastos de personal.
Colomo ha comparado esta situación con lo ocurrido con la instauración del céntimo sanitario y ha lamentado que ya sucede que el sector no crea empleo al ritmo que se creaba anteriormente, ya que se está recortando las plantillas.
Desde la Asociación de Estaciones de Servicio de Salamanca reclaman que haya más seguridad jurídica para que los cambios en la normativa no perjudiquen a los empresarios del sector. En este sentido, Colomo ha detallado que el hecho de que los empresarios hagan “inversiones millonarias” en estaciones de servicio y que luego cambie la normativa puede suponer que la gente no haga esas inversiones o que si las hace pierda dinero.
