El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la distribución de 1.545.500 euros a Castilla y León para la creación de 55 centros de capacitación digital, donde 2.815 personas recibirán formación digital el primer año.
La inversión total para todas las comunidades y ciudades autónomas asciende a 29,5 millones de euros para financiar la puesta en marcha de una red de 1.050 centros de capacitación digital, que permitirán la formación en la materia de hasta 53.743 personas en toda España durante el primer año, en el marco del Plan Nacional de Competencias Digitales, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
El objetivo es ofrecer a la ciudadanía una formación no formal, básica y transversal para desenvolverse en una sociedad digitalizada, con independencia del lugar de residencia o de formación previa. El público prioritario son las personas mayores de 55 años con bajo nivel educativo.
Esta Red de Centros o Aulas de Capacitación Digital ofrecerá formación a los ciudadanos para ayudarles en el uso de las tecnologías en su vida cotidiana, así como en las relaciones telemáticas con las administraciones o con el centro de salud, el manejo online de cuentas bancarias, la prevención de fraude online como el phishing o la realización de videoconferencias. Con esta capacitación digital también se busca abrir nuevas oportunidades de formación permanente y de aprendizaje.
Aunque se destina con prioridad a las personas mayores de 55 años con bajo nivel educativo, las acciones formativas que se lleven a cabo en estas aulas podrán alcanzar a toda la población que no se encuentre en el sistema educativo y formativo formal y que pueda mejorar su calidad de vida a través de la adquisición de unas competencias digitales básicas.
Los criterios de distribución de los fondos incluyen la población mayor de 16 años con nivel de formación de ESO o inferior (65%), el alumnado atendido en centros de educación de personas adultas (15%), el número de centros de educación de personas adultas (10%), y la dispersión geográfica de las administraciones públicas (10%).
