Llegó el día tan temido por algunos trabajadores y tan esperado por otros. Desde este domingo entra en vigor el Decreto-ley que obliga a que las empresas lleven un registro efectivo de la jornada laboral de los empleados, ya que ha transcurrido un período de dos meses, plazo que se les dio para que se adaptasen, desde que se aprobó dicha normativa.
Tal y como explicó en su momento el Gobierno, esta medida tiene como objetivo principal el medir la duración de las jornadas laborales para controlar, sobre todo, las horas extraordinarias y los descansos y así cerciorarse de que se cumplen y no se llega a la explotación de los trabajadores.
De hecho, los descansos no pueden ser inferiores a doce horas entre final e inicio de jornada ni a 36 semanales, aunque con peculiaridades sobre su ubicación en el calendario según el sector de que se trate; de igual manera, se estima que en cada semana de 2018 se realizaron 6,4 millones de horas extraordinarias en España, si bien casi a la mitad de los trabajadores que las realizaron no se les abonaron, por lo que tampoco cotizan por ellas a la Seguridad Social.
El registro obligatorio que las empresas deben tener listo desde este domingo debe incluir el inicio y finalización de la jornada del trabajador, sin perjuicio de la flexibilidad horaria, y se organizará y documentará mediante la negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, por decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores.
Además, la empresa estará obligada a conservar los registros de jornada de sus trabajadores durante cuatro años y deberán permanecer a disposición de los trabajadores, sindicatos y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Sin multas iniciales si la empresa está negociando la implantación del registro con los trabajadores
En caso de que se incumpla lo antes estipulado, la multa a las empresas puede ir desde los 626 hasta los 6.250 euros en función de si tiene la consideración de infracción leve o grave. Sin embargo, el Gobierno también aseguró que no se multará inicialmente a aquellas empresas que carezcan del registro horario de jornada a partir del domingo “siempre y cuando demuestren que están negociando su implantación con los representantes de los trabajadores o que prueben, de buena fe, que están trabajando en ello”.
De hecho, la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, ha llamado a las empresas a cumplir "sin agobios" pero "con seriedad" esta medida, y ha subrayado que la Inspección actuará desde el día 13 "con cabeza, mesura y sentido común", indicando que se vigilará que el registro laboral esté regulado por la empresa o, al menos, en tramitación, dando así cierto “margen de maniobra” y recordando que, antes de actuar, se resolverán y atenderán consultas o dudas.
De igual manera, la Dirección General de Trabajo publicará en los próximos días una guía práctica para empresas sobre el registro horario de jornada, ya que, aunque las empresas han tenido dos meses para prepararse y cumplir con esta medida, ha habido muchas dudas sobre cómo procede, y la propia Dirección General de Trabajo ha recibido en las últimas semanas numerosas consultas sobre el tema por parte de gestorías y asesorías laborales.
La patronal recuerda que las grandes empresas tienen un registro desde hace años
La otra parte afectada además de los trabajadores son las empresas. Una de las organizaciones que engloba a gran parte de estas empresas es la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), quien ha expresado la voluntad de las empresas de cumplir con la obligación que asumirán de registrar diariamente la jornada de sus trabajadores, y ha recomendado a las compañías que negocien con los sindicatos y los trabajadores el sistema de registro a implantar, tal y como establece la nueva norma.
De hecho, también ha considerado que las empresas deberían documentar todo tipo de negociaciones que se lleven a cabo y dejar constancia de ellas para cumplir con las medidas y documentar ante la a Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se está trabajando para cumplir la normativa.
Eso sí, de la misma manera también han querido recordar que muchas de las grandes y medianas empresas ya tienen instaurado desde hace años un registro horario de sus trabajadores puesto que les sirve, entre otras cosas, para medir la productividad o la conciliación de sus plantillas.
Por ello, la CEOE considera que los mayores problemas los podrían sufrir las pequeñas empresas y las microempresas, porque no existen esos registros y tampoco hay representación sindical pero sí están obligadas a implantar el registro de la jornada laboral, teniendo que negociar directamente con los trabajadores y, en el caso de que no haya acuerdo, la obligación última es del empresario, según asegura la patronal.
En este sentido, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha alertado de las dificultades de las pymes para aplicar al registro de jornada ante las cargas y costes económicos que les supone y las "incertidumbres" relacionadas con su cumplimiento.
Así, Cepyme ha asegurado que las pequeñas y medianas empresas tienen dudas sobre aspectos relacionados con la aplicación del registro de la jornada laboral en situaciones como el teletrabajo, el trabajo intelectual, los comerciales o los trabajadores que prestan sus servicios en el domicilio del cliente (como mantenimientos o averías, entre otras cosas), algo que se deberá concretar aún más, como ya explicó en su momento el secretario general de CCOO Salamanca, Emilio Pérez, en una entrevista para este medio.
Los sindicatos alertan de que habrá “bastantes problemas”
La patronal no ha sido la única en alertar de que no todas las empresas están preparadas. Desde CC.OO. y UGT creen que va a haber "bastantes problemas" con la implantación "asimétrica" del registro de jornada y han alertado de que, en las empresas en las que no hay representación sindical, puede que los empresarios recurran a un sistema diseñado "a su antojo".
Así, ambos sindicatos consideran que el Ejecutivo debería haber diseñado una ley que fuese "más cerrada" y en la que hubiese una obligación "total" de que el registro horario se produzca.
El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, cree que "lo que toca" es que las empresas hablen con los trabajadores y negocien con las organizaciones sindicales el registro. Por su parte, el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, opina que el convenio sectorial debe ser el paraguas para acordar cómo se tiene que aplicar el registro de jornada en las pequeñas y medianas empresas.
