El Consejo de Cuentas ha entregado este lunes en las Cortes de Castilla y León el informe sobre la Cuenta General de la Comunidad correspondiente al ejercicio 2020, primer año de la pandemia de la COVID-19.
La Cuenta General de la Comunidad se presenta por primera vez formando una unidad (hasta ahora la integraban tres cuentas correspondientes a entidades sujetas al régimen de contabilidad pública, empresas y fundaciones públicas) y de manera consolidada en todos los documentos que la componen, en consonancia con la Cuenta General única del Estado y en línea con lo recomendado desde hace años por el Consejo de Cuentas.
Entidades del Sector Público de la Comunidad sujetas al Régimen de Contabilidad Pública
El mayor peso presupuestario corresponde a la Administración General, seguida de la Gerencia Regional de Salud y la Gerencia de Servicios Sociales con un 87,3%, 6% y 3,8% respectivamente del presupuesto definitivo consolidado de ingresos. En gastos, la Administración General representa el 49,5%, la Gerencia Regional de Salud el 37,3% y la Gerencia de Servicios Sociales el 8,4%.
El presupuesto definitivo de gastos experimentó en 2020 un incremento del 13% (1.461 millones de euros) con respecto al ejercicio anterior. La mayor variación en términos cuantitativos se produjo en la Gerencia Regional de Salud, con un incremento de 1.063 millones (29%), seguida de la Administración General en 301 millones (5%).
En cuanto a la Gerencia Regional de Salud, el Consejo de Cuentas señala que "existen obligaciones pendientes de imputar" por importe de 62 millones de euros, siendo 5,5 millones de euros de ejercicios anteriores. Además, existen obligaciones de ejercicios anteriores indebidamente imputadas al ejercicio 2020 por un importe de 412 millones de euros. La evolución de las obligaciones pendientes de imputar reflejan que 2020 ha sido "el ejercicio con el menor importe, habiéndose producido una notable disminución".
La causa principal es el incremento que han tenido los créditos, vía modificaciones presupuestarias, cuya principal fuente de financiación proviene del Fondo COVID-19 creado por la Administración Central del Estado, que ha dotado de financiación a las comunidades autónomas para hacer frente a la incidencia presupuestaria derivada de la crisis originada por la pandemia.
Con respecto al funcionamiento de la cuenta de acreedores 413, las operaciones devengadas indica el total de las obligaciones reconocidas que no han sido aplicadas a presupuesto. Según el Consejo, en 2020 el saldo total de la cuenta ha disminuido un 69,5% con respecto al ejercicio anterior, siendo destacable "la disminución producida en los gastos de personal". El mayor importe de estas obligaciones se corresponde con gasto corriente que representa el 49,1% del total. Las dos entidades con mayor importe en dicha cuenta son la GRS y la Junta de Castilla y León.
También, la Comunidad utiliza el criterio de devengo para el reconocimiento de derechos de transferencias finalistas de acuerdo con el nuevo Plan General de Contabilidad de Castilla y León de 2018, en vez del criterio de caja que es el recogido por el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda en 2010, configurado como marco para todas las Administraciones públicas.
La Comunidad sigue sin tener implantado un registro de inventario que recoja todos los bienes y derechos que integran su patrimonio. El Inventario General, únicamente recoge los bienes inmuebles y derechos sobre los mismos de la Administración General, del Instituto Tecnológico Agrario, de la Gerencia de Servicios Sociales y del Servicio Público de Empleo.
La Comunidad saldó, de acuerdo con las normas establecidas en el nuevo Plan General de Contabilidad Pública y con las recomendaciones del Consejo de Cuentas recogidas en informes de ejercicios anteriores, la cuenta “Inmovilizado. Transitoria”. Sin embargo, el Consejo de cuentas prevé la aplicación de un modelo de revalorización del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible, que se encuentra pendiente de diseño e implantación.
Como consecuencia de la fiscalización, el Consejo propone en el resultado presupuestario consolidado un ajuste positivo de 535 millones de euros, que sitúa la cifra total en un importe positivo de 323 millones de euros.
En el balance consolidado, se han hecho ajustes en el pasivo por importe de 145 millones de euros, manteniéndose el importe total rendido en 9.066 millones. En la cuenta del resultado económico-patrimonial consolidada, los ajustes suponen un aumento de 122 millones en el resultado, hasta alcanzar un ahorro de 286 millones.
En cuanto a modificaciones presupuestarias, ha contemplado las reglas fiscales que quedaron suspendidas para los ejercicios 2020 y 2021 ante la situación de emergencia extraordinaria provocada por la pandemia. El importe del presupuesto inicial consolidado de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública fue de 10.747 millones de euros, habiéndose autorizado modificaciones por importe de 1.913 millones, resultando un presupuesto definitivo de 12.661 millones.
El motivo del elevado aumento se debe, sobre todo, a la distribución por parte del Estado de recursos adicionales para hacer frente a la crisis originada por la pandemia; y también, en menor medida, a los fondos procedentes de la actualización de los ingresos del sistema de financiación, que no estaban contemplados en los presupuestos debido a su situación de prórroga.
Por políticas de gasto, los créditos que más se han incrementado a través de modificaciones han sido los correspondientes a Sanidad, que suponen un 73,7% del importe neto de las modificaciones, seguida de Educación, con un 10,7%, y Servicios Sociales y Promoción Social, con un 7,5%.
Endeudamiento de la Comunidad y estabilidad presupuestaria
Por otro lado, el endeudamiento del conjunto del sector público de la Comunidad a 31 de diciembre de 2020 fue de 12.932 millones de euros, un 3,6% superior al de 2019.
En el contexto de suspensión de las reglas fiscales ratificada por el Congreso como consecuencia de la pandemia, la Comunidad registró un superávit del 0,4% del PIB regional (195 millones de euros), por tanto, mejor al límite de déficit del 0,2% permitido inicialmente. El volumen de deuda suponía el 24% del PIB regional, al igual que el objetivo de deuda fijado inicialmente para ese periodo. En lo relativo a la regla de gasto, Castilla y León registró una disminución del 2,1% del gasto con respecto al ejercicio anterior, siendo el objetivo no superar un 2,9% de incremento.
Con respecto a los avales, en el ejercicio 2020 la Administración General ha concedido un aval por importe de 30 millones de euros. En el periodo se han cancelado dos avales, uno de la Administración General y uno del Instituto para la Competitividad Empresarial.
La cuantía del riesgo vivo de los 22 avales existentes al inicio de 2020 era de 436 millones de euros, siendo el importe de los 21 avales existentes a fin de ejercicio de 434 millones, un 0,4% menos.
La Intervención General ha elaborado un informe sobre el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad, donde concluye que la Comunidad ha mantenido una ratio inferior al plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad, el cual asciende a 30 días, en cinco meses del ejercicio, obteniendo un plazo superior en los otros siete.
14 Recomendaciones
Los resultados del trabajo, reflejados en 80 conclusiones, dan lugar a un total de 14 recomendaciones, cinco menos que las registradas en la Cuenta de 2019. Por una parte, desaparecen seis recomendaciones, consecuencia de los cambios normativos que se han producido y de determinadas mejoras en la gestión. Por otro lado, se incorpora una nueva, que plantea mejorar el método de elaboración de los estados financieros consolidados para evitar errores en epígrafes
