Los episodios de mala calidad del aire son responsables cada año en Castilla y León de casi 1.000 muertes, según han puesto de manifiesto los trabajos más recientes del Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad. La contaminación tiene un impacto sanitario a corto plazo muy relevante, que sextuplica la mortalidad de los accidentes de tráfico.
Gobierno y comunidades autónomas aprobaron en julio de 2021 el Plan Marco de Acción a corto plazo para episodios de contaminación del aire, dando un plazo de 18 meses para adaptar los protocolos locales y autonómicos al Plan Marco citado, es decir enero de 2023.
No obstante, hasta la fecha sólo el Ayuntamiento de Valladolid se ha dotado de un protocolo de actuación frente a episodios de mala calidad del aire adaptado a norma, pese a que desde 2007 la Ley estatal de calidad del aire y protección de la atmósfera obliga a su adopción en las comunidades autónomas y los municipios con más de 100.000 habitantes.
Ecologistas en Acción denuncia que la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos de Burgos y Salamanca carecen de protocolos frente a episodios de contaminación, por lo que acumulan ya año y medio de retraso sobre el plazo legal para aprobarlos. En el caso del Ayuntamiento de Burgos, se llegó a aprobar inicialmente un protocolo en 2022, bastante mejorable, que nunca llegó a ser aprobado, ni por la anterior Corporación ni por la nueva.
Por su lado, el Ayuntamiento de León aprobó en 2019 un Protocolo de Actuación limitado a dos únicos contaminantes (general partículas respirables y dióxido de nitrógeno), que no cumple la normativa ni en los umbrales para la aplicación de las distintas medidas ni en el alcance de las mismas, que deberían incorporar restricciones inmediatas y amplias de la circulación de automóviles u otras fuentes puntuales responsables de los episodios.
De hecho, el Ayuntamiento de Valladolid es el único de Castilla y León que cuenta con un protocolo anticontaminación adaptado a la normativa vigente, no obstante lo cual debería ser mejorado ampliando la zona de tráfico restringido cuando se dispara la contaminación.
Dado que la mayor parte de la contaminación en las áreas urbanas procede del tráfico, y mayoritariamente de los coches, en opinión de Ecologistas en Acción buena parte de las medidas para reducir las puntas de contaminación deben ir encaminadas a limitar la utilización del automóvil con antelación suficiente, mediante acciones que a la vez que reducen la velocidad y el uso del coche, canalicen la necesidad de movilidad hacia el transporte público y los modos de transporte no motorizados, como la bicicleta y el peatón.
La supuesta impopularidad de las medidas de restricción del tráfico está demorando o impidiendo la ejecución de estas medidas y otras como las zonas de bajas emisiones obligadas antes de 2023 y que la mayor parte de los ayuntamientos siguen sin implantar, por las incomodidades o las protestas de ciertos sectores, amplificadas políticamente en vísperas de convocatorias electorales, cuando lo cierto es que son medidas entendidas y compartidas por la mayoría de la población, al fundamentarse en la salud pública.
Esta realidad ha quedado acreditada por la respuesta ciudadana ante la crisis de la COVID-19, asumiendo con naturalidad limitaciones de la circulación mucho más drásticas que las que se requieren en los episodios de contaminación atmosférica, que en general sólo afectan a un medio concreto como es el automóvil privado con motor de explosión.
La información a la población sobre la gravedad del problema es otro requisito imprescindible para que los protocolos frente a los episodios de contaminación del aire sean eficaces. Sin embargo, a día de hoy la mayoría de las administraciones siguen sin informar adecuadamente de los episodios de mala calidad del aire, difundiendo a lo sumo, cuando estos se producen, mensajes rutinarios a través de sus páginas Web o listas de móvil.
Por todo ello, en el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul Ecologistas en Acción reclama a la Junta de Castilla y León y a los ayuntamientos de Burgos, León y Salamanca que cumplan con su obligación legal de aprobar y aplicar protocolos de actuación frente a episodios de mala calidad del aire. La organización ambiental también pide al Gobierno de España que exija a estas administraciones el cumplimiento de la ley, para proteger la salud.
Un episodio de mala calidad del aire es una situación en la que las condiciones meteorológicas son desfavorables para la ventilación, lo que hace que la concentración de contaminantes atmosféricos se eleve por encima de los estándares sanitarios o legales. En España, estos episodios se relacionan con situaciones de tiempo anticiclónico estable, seco y sin viento, siendo las inversiones térmicas invernales y las olas de calor estivales los fenómenos meteorológicos más propicios para que se eleven los contaminantes.
