La consejera de Educación, Rocío Lucas, defendió hoy la legalidad de las decisiones adoptadas por su departamento y, en respuesta a las críticas del procurador socialista Fernando Pablo, que acusó a la Junta de poner la educación de la Comunidad al servicio de los intereses de Pablo Casado, rechazó que pretenda esquivar la aplicación de la ley Celaá (Lomloe).
Lucas recordó que la norma del Gobierno para cerrar el pasado curso y que la Junta rechazó, se encuentra ahora en la Audiencia Nacional, mientras que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto una investigación por considerar que pudo existir prevaricación.
A su vez, explicó Lucas que la resolución de admisión de alumnos se ha realizó en diciembre, antes de la entrada en vigor de la Lomloe el 19 de enero, pero en fechas similares a las de los últimos cursos, y lo mismo ocurrió con el proceso para renovar los directores de los centros. En ambos casos, según explicó, son decisiones que se han tomado en muchas otras comunidades independientemente de su color político. Además, pidió al procurador socialista que “ni manipule ni confunda”.
Por su parte, Fernando Pablos acusó a la consejera de dedicarse exclusivamente a defender los intereses de la educación concertada y recordó las críticas lanzadas desde la Junta contra la Lomloe. En este sentido, mostró una imagen del delegado territorial de la Junta de Segovia recogiendo firmas contra la ‘ley Celaá’, y aseguró que, en contra de las “mentiras” del PP, la nueva ley ni ha cerrado los centros especiales ni ha acabado con la concertada.
