La publicación este martes del decreto de convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre da comienzo al periodo electoral, que se prolongará durante los próximos 54 días, hasta la jornada de votación.
Según ha recogido Europa Press durante este tiempo, los poderes públicos tendrán que cumplir una serie de restricciones para garantizar la neutralidad del proceso. La principal es que no podrán organizar ni financiar actos destinados a destacar sus logros o actuaciones, ni utilizar campañas institucionales para poner en valor su gestión.
Además, quedan prohibidas las inauguraciones de obras, servicios públicos o proyectos durante este periodo. Las obras podrán continuar y los servicios podrán comenzar a funcionar con normalidad, pero no podrán acompañarse de los habituales actos de inauguración.
También quedan limitados los anuncios, folletos, publicaciones, correos electrónicos y otros contenidos financiados por las administraciones cuando sirvan para destacar sus actuaciones. En cambio, sí podrán realizarse las campañas estrictamente necesarias para informar a los ciudadanos sobre la fecha de las elecciones, cómo votar o los trámites relacionados con el voto por correo.
La Junta Electoral Central ya aplicó estas restricciones en las elecciones generales de 2023. Según ha recogido Europa Press, entre los expedientes abiertos entonces estuvo el que afectó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por realizar manifestaciones de contenido electoralista desde dependencias oficiales en Bruselas, un procedimiento que terminó con una multa de 2.200 euros.
