En la reunión que este viernes ha mantenido con los expertos designados tanto por los diferentes grupos parlamentarios de las Cortes como por la Junta y en la que se ha presentado el documento de propuestas para reforzar y mejorar el Sistema de Salud de Castilla y León, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha agradecido su trabajo, así como su “esfuerzo de diálogo y consenso” porque “mejorar la sanidad es un objetivo de todos”.
Ha señalado que se trata de un documento “valioso” cuyas directrices se trasladarán a la realidad sanitaria. Ha recalcado que Castilla y León cuenta con uno de los mejores cinco sistemas sanitarios de España, según las Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, pero aún así la Comunidad debe aspirar a mejorarla en prestaciones, equipamientos, humanización y calidad profesional, tanto en el ámbito rural como urbano, y tanto en Salud Pública como en la asistencia. En esa línea, ha subrayado que el proyecto de presupuestos autonómicos para 2021 contempla un incremento del 21,6 % en Sanidad, que supone alcanzar la cota histórica del 7,5 % del PIB.
El grupo de expertos designados para desarrollar el ámbito sanitario del Pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social, firmado el pasado 17 de junio por PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y Por Ávila, ha planteado un documento final de trabajo con un total de 122 propuestas, destinadas a tomar medidas de calado que fortalezcan el sistema regional de salud ante futuros retos como el que se está viviendo desde marzo con la pandemia, así como para subsanar deficiencias estructurales y organizativas anteriores.
Como resumen inicial, los expertos han concluido que los aprendizajes de la pandemia han sido numerosos. A su juicio, Castilla y León cuenta con un buen Sistema Sanitario Público, pero no estaba diseñado para una pandemia de estas características, al igual que se ha observado tanto en el conjunto de España como en la mayor parte de los países. La sanidad regional ya poseía importantes retos que ahora se aceleran, como por ejemplo -señalan- la necesidad de aumentar la financiación del sistema sanitario, en lo que ya se ha puesto a trabajar la Junta con un incremento de la consignación en el proyecto de presupuestos de 2021, o el número de profesionales formados, especialmente en algunas especialidades deficitarias en todo el territorio nacional, la importancia de prestar una atención de calidad y accesible en un territorio muy extenso, con alta dispersión y baja densidad poblacional, o la conveniencia de reorganizar un sistema cuyos cimientos datan de hace casi treinta años.
Por ello, entienden que “las debilidades mostradas nos han llevado a ser aún más conscientes de que es urgente tomar medidas de calado tanto en Atención Primaria, como en Atención Continuada, Atención Hospitalaria, Emergencias y Salud Pública, para fortalecer nuestro sistema ante un nuevo brote epidémico. Todo ello a fin de tener un sistema de salud fuerte, con suficiente capacidad para actuar sobre los retos que presenta esta nueva normalidad, y a la vez garantizar una asistencia sanitaria de calidad durante las próximas décadas”.
Para agilizar los trabajos y dotar de coherencia a las propuestas emitidas, los expertos han concluido que los acuerdos alcanzados sobre las prioridades de trabajo en el ámbito sanitario, ante la nueva normalidad que la COVID-19 ha dejado, se deben estructurar en tres niveles de actuación: Propuestas orientadas a responder a la actual pandemia; propuestas inmediatas y a medio plazo para asegurar la calidad, la seguridad y la sostenibilidad del sistema sanitario; y propuestas estructurales sobre el dimensionamiento y organización del sistema sanitario.
Estos tres niveles se han desarrollado a lo largo de siete grandes bloques de medidas, que se complementan con los objetivos ya descritos por la consejera de Sanidad en su primera intervención en las Cortes de Castilla y León en septiembre de 2019: equidad basada en la accesibilidad; efectividad; eficiencia, tanto a nivel macro como micro; y viabilidad, entendida como seguridad de los pacientes, satisfacción de los usuarios, sostenibilidad del sistema, calidad de la asistencia y competencia profesional.
Un sistema sanitario preparado
El primero de los siete bloques definido por el grupo de expertos consta de 30 medidas y se ha denominado “La preparación del sistema sanitario ante futuras oleadas: necesidad de garantizar el suministro suficiente de equipos de protección, material médico, el uso adecuado de las pruebas, la necesidad de tener estrategias preparadas ante nuevos brotes, análisis continuo de la situación, diseño de circuitos separados para la atención sanitaria, mejora de las infraestructuras de los hospitales y recuperación de la actividad ordinaria en la mayor medida posible”.
En relación con la realización de pruebas diagnósticas, se propone mejorar la dotación en equipamientos y en personal para la realización de pruebas de detección. Además, planificar la coordinación entre el personal de los equipos de Primaria y de Salud Pública, para incrementar la capacidad de realización de pruebas si la gravedad y urgencia lo hiciera necesario.
Además de garantizar el suministro de reactivos y material fungible suficientes para poder realizar las pruebas en caso de rebrotes de gran magnitud, se pide el aprovechamiento de todos los recursos de las universidades de Castilla y León, así como de los laboratorios privados si fuera preciso, para la realización de pruebas diagnósticas COVID-19.
Otra de las medidas consiste en establecer un plan de mejora de los servicios y unidades de microbiología de Castilla y León. Como novedad, se propone implantar un sistema de información regional con el fin de facilitar su trabajo en red y su comunicación con los servicios territoriales de Salud Pública.
En relación con la compra y provisión suficiente de equipos de protección, se insiste en la existencia de un almacén avanzado con una reserva estratégica para al menos tres meses, con monitorización en tiempo real de las necesidades de cada centro. Se hace hincapié en la implicación del tejido empresarial de Castilla y León en la logística sanitaria.
El tercer punto de este primer bloque se refiere a la mejora de la atención sanitaria a corto y medio plazo. Así, se recalca la importancia de mantener circuitos diferenciados en todos los niveles, proponiendo alternativas donde no sea posible (franjas horarias separadas). La cita previa será la forma normal de acceso a consulta, con líneas telefónicas y personal suficiente para aquellos pacientes que tengan dificultad con las nuevas tecnologías. Se trata de evitar aglomeraciones y permitir elegir citas presenciales o telemáticas, incluida la videollamada.
Se propone la elaboración de un Plan Integral del paciente COVID, con especial énfasis en los enfermos críticos, incluidos pediátricos, y con protagonismo para la enfermería cualificada.
Sobre las listas de espera se subraya la importancia de mantener la actividad ordinaria en todos los niveles, diseñando un plan específico basado en la priorización clínica para disminuir la demora acumulada estos meses tanto en consultas externas como en pruebas diagnósticas. Para apoyar esta actividad se propone, entre otras medidas, la contratación de personal o la oferta de realizar actividad extraordinaria.
Refuerzo de la salud pública
El segundo gran bloque de medidas se ha denominado “Desarrollo y refuerzo de la Salud Pública y la vigilancia epidemiológica”, y consta de ocho medidas. La idea central es que uno de los aprendizajes de esta pandemia es la necesidad de un sistema de vigilancia epidemiológica y de salud pública robusto, ágil y con dotación de personal suficiente. Así, dotación adecuada de plantillas y sistemas de información modernos resultan claves, a juicio de los expertos, para un sistema de vigilancia y respuesta rápida ante posible rebrotes o nuevas oleadas.
Por todo ello se propone aumentar la inversión en salud pública, tanto para tareas de vigilancia como de promoción y protección de la salud, con el objetivo de alcanzar al menos el 3% del gasto sanitario total al final de la presente legislatura. Además, se plantea una reestructuración de los servicios de salud pública, mejorando retribuciones y perfil profesional para tener un recurso eficiente fuera de la situación de pandemia.
A fin de alcanzar una mejor organización de la salud pública en el territorio, los expertos proponen revisar y aprobar antes del final de esta legislatura las demarcaciones de salud pública, que ayudarán a mejorar la coordinación con Atención Primaria mediante la revisión de las funciones y responsabilidades en prevención y promoción de la salud.
Nuevo modelo para la atención primaria
El tercer bloque, formado por 35 medidas, se ha denominado “Desarrollo de un nuevo modelo organizativo para la Atención Primaria y la Atención Continuada”. En él, los expertos exponen como posibles mejoras el análisis de la actual distribución de zonas básicas de salud e identificar aquellas que puedan necesitar una posible modificación, teniendo en cuenta para ello, además de los criterios clásicos, otros como el grado de dependencia, dispersión, cronicidad, existencia de centros residenciales, existencias de oficinas de farmacia o botiquines, centros sociosanitarios y escolares, así como las comunicaciones existentes.
Otra acción sería elaborar un plan de recursos humanos en Atención Primaria, que tenga en cuenta las carencias actuales y las necesidades futuras, y diseñar un cronograma de medidas que permitan la sostenibilidad de la plantilla adecuando el flujo de entradas y salidas, y elaborando propuestas de modificación de los cupos para conseguir tamaños óptimos.
Se propone también disminuir progresivamente la figura del profesional de área, reconvirtiendo esas plazas a otras de equipo o atención continuada -siempre de forma voluntaria-, y potenciar la incorporación de profesionales a los puestos de difícil cobertura del medio rural mediante incentivos, como por ejemplo beneficios en el alquiler o compra, facilidades fiscales para las parejas, programas de agrupamiento familiar, etcétera.
Otras medidas planteadas van en la línea de garantizar la asistencia sanitaria a toda la población, asegurando consultas en todos los consultorios, desarrollar un sistema eficaz de transporte a la demanda en el medio rural, equiparar la figura del coordinador del equipo a la de jefe de servicio, y potenciar la figura de la enfermería tanto en número suficiente como en su formación o acreditación.
Generar la figura del Equipo de Salud Comunitaria a cargo de los propios profesionales del Equipo es otra de las medidas, entendida con finalidad dinamizadora de este tipo de actividades, en coordinación con los Equipos de Salud Pública.
Se plantea también valorar, junto a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, el establecimiento de un nuevo modelo de atención sanitaria para los centros sociosanitarios y residencias de mayores, con el objetivo de analizar la situación actual y establecer un modelo en el que el sistema social y el sanitario definan y asuman sus responsabilidades en la atención a estas personas.
El último apartado de este bloque se centra en la atención continuada en los centros de salud, que a juicio de los expertos merece una revisión.
El criterio de los expertos es que la atención a las patologías tiempo-dependientes debe ser una auténtica prioridad de la reforma de la Atención Continuada y sus recursos.
Es esencial, a juicio de los redactores del documento, redefinir la ahora llamada “Atención Continuada” tanto en el medio rural como en el urbano, con base en que el sistema debe garantizar la atención a lo no demorable. Por todo ello proponen la elaboración de un mapa que contemple un estudio pormenorizado de la situación de cada zona, establecer indicadores para analizarlos y determinar los cambios necesarios para optimizar los recursos y asegurar la equidad en el acceso a la Atención Urgente y Emergente.
Otra de las propuestas se denomina Vehículos de Intervención Rápida (VIR), especialmente en zonas urbanas, que junto a los Soportes Vitales Básicos pueden aumentar la resolución de patologías in situ. Y por último se propone crear los Puntos de Atención Continuada en Red, de tal forma que aquellos con menor presión asistencial o complejidad de las patologías atendidas por la cercanía a un centro hospitalario puedan trabajar en red apoyando a otros profesionales.
Recursos humanos
El cuarto bloque se ha centrado en la “Gestión de Recursos Humanos”, con las dificultades de cobertura de plazas como telón de fondo permanente. Para solucionar los problemas existentes plantean cuatro acciones: mejoras organizativas (calendarios, jornadas, descansos, permisos, conciliación…); mejorar las condiciones laborales de los profesionales, tanto contractuales como económicas; reconocer los logros y promover la motivación; e identificar e incentivar los puestos de mayor sobrecarga para el profesional y los de difícil cobertura.
Para ello proponen, por ejemplo, promover el acceso a cargos de responsabilidad y coordinación bajo los principios de acceso a la función pública, o adecuar las retribuciones a las comunidades con sueldos más altos, con el fin de reconocer a los profesionales y favorecer la fidelización de estos en las zonas limítrofes.
Plan de Humanización
El quinto apartado se centra en el “Desarrollo del plan de humanización y mejora de la participación ciudadana”, y la idea esencial es elaborar e implementar antes del fin de 2021 un Plan de Humanización con el objetivo de promover, desarrollar y desplegar actuaciones institucionales que garanticen la humanización de la asistencia sanitaria.
La segunda medida es la elaboración de un Proyecto de Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida, que garantice unos cuidados paliativos de calidad y mejore la información de los pacientes sobre la posibilidad de manifestar voluntades anticipadas.
Investigación, docencia y formación
En sexto lugar los expertos han incorporado 28 medidas sobre “Fomento de la investigación, la docencia, la formación y avance en los mecanismos de evaluación del sistema y sus resultados”, con varias ideas novedosas, como por ejemplo aumentar la capacidad docente del sistema, en especial, de aquellas especialidades más deficitarias, utilizando la máxima capacidad formativa y presentando un sistema de certificación y reconocimiento de la figura del tutor principal y de los tutores colaboradores.
Se propone además fomentar la acreditación de centros rurales de Atención Primaria como centros docentes, promoviendo un sistema de acreditación de tutores que recoja criterios de mérito y capacidad en el desempeño de sus funciones, que posteriormente sean reconocidas en los baremos de méritos de carrera profesional, procesos selectivos y de ordenación profesional (concursos de traslados).
Otras ideas se centran en promover acuerdos entre SACYL y las universidades para que los estudiantes de medicina y enfermería incluyan en sus rotaciones centros de salud rurales, o la inclusión de una asignatura obligatoria de medicina y enfermería de familia y comunitaria en los planes de estudios de ambos grados de las universidades de Castilla y León.
Se aconseja también instar al Ministerio de Sanidad a que elabore un plan de recursos humanos con base en las necesidades de profesionales y especialidades que el sistema necesitará en el medio y largo plazo, para disponer de una planificación prospectiva de las plazas ofertadas, a fin de evitar déficits de especialistas que pongan en riesgo el sistema.
En relación con medidas de impulso de la investigación, las propuestas pasan por desarrollar medidas que fomenten e incentiven la labor investigadora de los profesionales, tales como la creación de una unidad central de apoyo metodológico a la investigación.
En cuanto a las medidas para fomentar la evaluación del sistema, seguir trabajando en la mejora del Observatorio SACYL, ampliando y actualizando, periódicamente su contenido. Para ello: Introducir indicadores que evalúen los resultados en salud de los centros y servicios. Introducir indicadores que evalúen el desempeño de nuestros profesionales. Mejorar la cultura de evaluación y la mejora continua en nuestros centros y profesionales. Dotar a todos los servicios de emergencias de un sistema de información en los soportes vitales y en los centros de base, integrados con una historia clínica electrónica propia, para lograr una verdadera continuidad asistencial. Y se recomienda redactar un plan en el que se analice la situación de la alta tecnología sanitaria, así como los criterios de instalación de las novedades y la cronología de sustitución del equipamiento obsoleto.
Financiación
El séptimo y último bloque se ha titulado “Propuestas de mejora de la financiación de la sanidad, mejoras de la eficiencia y propuestas en relación con la compensación que se debe abonar a la sanidad privada por los servicios prestados”, y se centra en distribuir el fondo de 250 millones acordado en las Cortes regionales entre los centros de gasto implicados, en función de las capacidades, necesidades y gastos ya ejecutados, de manera que los incrementos estructurales de recursos humanos y determinadas inversiones en equipamientos e infraestructuras que van a quedar incorporadas en los centros deberán asignarse al correspondiente capítulo presupuestario ordinario.
Se propone además alcanzar progresivamente un gasto sanitario en relación con el PIB no inferior a la media de la Unión Europea, incrementar los presupuestos de la Sanidad de Castilla y León contemplando aspectos como el envejecimiento y la dispersión de la población o recuperar progresivamente el nivel de inversiones reales (capítulo 6) previo a la crisis.
El grupo de expertos
Los expertos que componen el grupo de trabajo que ha elaborado este documento son Pedro José Pascual, a propuesta de la formación Por Ávila; Mercedes Coloma, María Álvarez Quiñones, María José de la Fuente y Alejandro Vázquez, designados por el PP; Esther Fraile y Emilio Blanco, por Ciudadanos; Inmaculada García Rioja, Diego Moreno, Mercedes Martín, Juan Lorenzo Gutiérrez, Elena Jaén, por el PSOE; Pablo Oyagüez, por Unidas Podemos; José Luis Almudi, Alejandro Merino y Laura Sobrino, designados por la Consejería de Sanidad; así como José Luis Nájera, en representación del Consejo de Farmacéuticos de Castilla y León, y Luciano Díez, por el Foro de la Profesión Veterinaria.
