Facua ha pedido a Aqualia, empresa encargada de la gestión del ciclo integral del agua en Salamanca, que deje de cobrar y devuelva a los salmantinos las penalizaciones cobradas en las facturas por llevar tres meses o más sin poder acceder al contador para poder realizar la lectura real del consumo.
Según señala la propia asociación, la ordenanza municipal 53 que establece las tarifas que regulan los precios por la prestación de los servicios municipales de suministro de agua potable y alcantarillado establece que, cuando el contador se encuentre en un recinto no accesible, "será obligatorio por parte del abonado facilitar el acceso al contador para proceder a su lectura".
Además, la propia norma establece un "recargo contador interior sin lectura" la cantidad de 15 euros/trimestre para domésticos, y 30 euros/trimestre para no domésticos, durante los primeros doce meses. Pasado este periodo inicial, y si la situación persiste, los trimestres posteriores se les facturará la cantidad de 22 euros/trimestre para domésticos y 45 euros/trimestre para no domésticos.
Así, a juicio de la asociación esta es una norma "desproporcionada y poco realista, ya que para facilitar el acceso al contador el abonado debe de estar en casa y, por lo tanto, sería conveniente que Aqualia le informase del día y la hora a la que se llevará a cabo la lectura del contador. Si el usuario desconoce cuándo van a proceder a dicha lectura, difícilmente puede facilitar el acceso", señalan en una nota de prensa.
En base a ello, Facua pide al Consistorio que realice una modificación de la mencionada ordenanza municipal, así como a que la propia empresa concesionaria ", ya que para facilitar el acceso al contador el abonado debe de estar en casa y, por lo tanto, sería conveniente que Aqualia le informase del día y la hora a la que se llevará a cabo la lectura del contador. Si el usuario desconoce cuándo van a proceder a dicha lectura, difícilmente puede facilitar el acceso" y en el caso en el que no fuera posible que realice la devolución del importe cobrado de manera indebida.
A ello se le añade que a las facturas emitidas en 2023 se están cobrado con el importe vigente tras la subida aprobada en el pleno municipal aunque en ellas se incluyan consumos anteriores a esta subida por lo que exigen que las facturas deben desglosarse en dos periodos: los consumos de 2022 al precio de 2022, y los de 2023 al precio actual y, por ende, también se proceda a volver a facturar este periodo o compensar a los clientes en los casos en los que ya se hubieran realizado los pagos.
"Facua Castilla y León informa de que el hecho de facturar con una tarifa diferente a la contratada puede suponer un incumplimiento de la normativa vigente, e insta a Aqualia a corregir esta práctica. De lo contrario, avisa de que denunciará los hechos ante la autoridad de consumo competente. Además, la asociación exige a la compañía que proceda a la devolución o compensación de las penalizaciones por lecturas estimadas, salvo que puedan acreditar la comunicación del horario de la visita en cada caso", sentencia la asociación en un comunicado.
