El Protocolo tiene como objetivo impulsar las condiciones de accesibilidad universal en la política de vivienda en la Comunidad, especialmente orientada hacia las personas con discapacidad. La colaboración demuestra la voluntad, interés y disposición de ambas partes para facilitar la autonomía personal y la vida independiente de las personas con discapacidad.
Con su firma, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio declara su intención de colaborar con las cuatro entidades en la consecución de los objetivos y finalidades del conjunto de las actividades que les son propias como medio más idóneo de impulsar las condiciones de accesibilidad universal en la política de vivienda en favor de las personas con discapacidad.
“Esta firma es una demostración de colaboración para aunar esfuerzos entre instituciones con una finalidad y un objetivo claro: buscar nuevos modelos para hacer realidad una vida independiente y participativa de las personas con discapacidad en la sociedad actual”, ha declarado el consejero.
El proyecto incluye acciones piloto para fomentar servicios enfocados en la vida independiente, apoyos comunitarios y el diseño universal de infraestructuras, productos y servicios. Entre las actividades planificadas se encuentran la adecuación y personalización de viviendas, la promoción de alojamiento inclusivo y la transformación de centros residenciales hacia recursos de apoyo integral y servicios sociosanitarios de proximidad.
Las partes declaran así la intención de colaborar para promover condiciones que faciliten la participación conjunta en el diseño, la aprobación y el desarrollo de las siguientes acciones:
- Acciones de sensibilización y formación mediante la celebración de jornadas en materia de accesibilidad universal dirigidas al personal técnico de la Consejería y de las entidades del sector público autonómico que tengan atribuidas actuaciones en materia de vivienda por su objeto social, así como a los diferentes agentes públicos y privados implicados en el sector de la vivienda y la edificación en general.
- Impulsar el acceso a la información en materia de vivienda accesible (oferta pública, número de viviendas adaptadas, porcentaje de reserva de viviendas, ubicaciones de las viviendas, etc.) en los distintos canales de difusión de la información.
- Realización de estudios sobre accesibilidad universal y diseño tanto en espacios de uso público como en viviendas protegidas y libres.
- Impulsar medidas y acciones de sensibilización en el cumplimiento de la normativa de aplicación en materia de accesibilidad por parte de la totalidad de los agentes que intervienen en la construcción, promoción y comercialización de viviendas.
- Inclusión de la discapacidad como criterio transversal en las distintas convocatorias y líneas de subvención competencia de la Consejería, promoviendo las actuaciones necesarias para facilitar la tramitación de las solicitudes.
Suárez-Quiñones destacó la importancia de la legislación vigente que establece la accesibilidad universal como uno de los objetivos clave en las políticas públicas vinculadas a la vivienda. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León y la Ley del derecho a la vivienda de Castilla y León respaldan el compromiso de la Junta de mejorar la accesibilidad en las viviendas y garantizar la igualdad de trato y oportunidades para las personas con discapacidad.
La Junta de Castilla y León ha destinado 63,2 millones de euros desde el año 2013 para mejorar la accesibilidad en las viviendas, eliminando barreras arquitectónicas y promoviendo entornos urbanos accesibles. Hasta el año 2025 está previsto destinar a mayores 41,9 millones más, sumando un total de 105 millones de euros con esta finalidad.
La Junta reitera su compromiso de trabajar en la mejora de las condiciones de accesibilidad, contribuyendo así a la calidad de vida de las personas con discapacidad y su plena integración en la sociedad. Agradece a las entidades firmantes por su compromiso y colaboración con el Gobierno de Castilla y León en la ejecución de la política de vivienda.
Comisión de Seguimiento
El protocolo incluye una Comisión de Seguimiento integrada por representantes de diferentes partes involucradas, incluyendo la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física de Castilla y León (PREDIF CYL), la Federación ASPACE Castellano Leonesa, la Federación Autismo Castilla y León y la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León (COCEMFE CYL).
Las funciones principales de la Comisión de Seguimiento incluyen velar por el correcto desarrollo y cumplimiento de los objetivos del protocolo, proponer medidas complementarias para mejorar su ejecución y realizar el seguimiento y evaluación de las acciones acordadas. La vigencia del protocolo es de 4 años, con la posibilidad de prorrogarse mediante acuerdo expreso de las partes por períodos de igual duración, hasta un máximo de 8 años.
