La fiscal de Sala de Discapacidad y Mayores, María José Segarra, explicó este jueves en una sesión informativa con periodistas que entre el seis y el ocho por ciento de las personas mayores que viven en residencias fallecieron desde el mes de marzo, cuando se comenzaron a tomar medidas para atajar el contagio de Covid-19.
Segarra informó de la actividad desarrollada por su departamento durante la pandemia en residencias de mayores en una rueda de prensa en la que fue presentada por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. La Fiscalía tutela los derechos de mayores y personas con discapacidad internas en este tipo de centros.
El ministerio público ha abierto un total de 441 diligencias, de las que actualmente todavía están en trámite 209 y de ellas 112 se desarrollan en Madrid. Según los datos que ha ofrecido, 189 de las denuncias presentadas, el 42 por ciento del total, lo eran por homicidios por imprudencia y 163, un 36 por ciento, recogían carencias de tipo genérico por la situación de las residencias.
En el ámbito civil, la Fiscalía registra en estos momentos tres denuncias por la negativa de familiares a dar autorización para la vacunación de internos que no pueden decidir por sí mimos. Además, constan 69 procedimientos por elevado número de fallecimientos en el centro y 15 por falta de atención sanitaria.
En total, se han notificado 92 procedimientos penales abiertos en los juzgados, de ellos, el 75 por ciento siguen en tramitación. Desde el inicio de la pandemia, la Fiscalía ha archivado 229 investigaciones (el 51,92 por ciento), de las cuales el 11,8 por ciento fue por la presentación de una querella o denuncia ante el juzgado; mientras que el 10,48 por ciento fue porque se ha conocido que ya había un procedimiento penal.
María José Segarra ofreció por primera vez datos en rueda de prensa desde que asumió su nueva responsabilidad como fiscal de Sala del Tribunal Supremo para Discapacidad y Mayores, puesto para el fue nombrada el pasado 11 de noviembre de 2020.
La fiscal responsable de la tutela de mayores y personas con discapacidad evaluó de manera aproximada el número de fallecimientos ocurridos entre población de residentes durante los meses de pandemia entre el un 6 y un 8 por ciento del total de internos, pero puntualizó que el detalle de estos datos lo deberá concretar un estudio más específico del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Derechos de los vulnerables
Durante su presentación, Dolores Delgado insistió en que para la Fiscalía General es una absoluta prioridad “velar por el bienestar y los derechos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad”. Y defendió la creación de la figura del Fiscal de Sala Coordinador de los servicios especializados en la protección de personas con discapacidad y atención a los mayores, en 2019, como un impulso para una especialidad que es una necesidad social.
Delgado desgranó la actividad de la Fiscalía en relación con la situación de las personas mayores en residencias durante el inicio de la crisis sanitaria y la llamada primera ola. El 18 de marzo desde la Fiscalía General se creó una red dirigida a recabar información, remitir directrices y actuar eficaz y homogéneamente en el ámbito de la competencia del Ministerio Fiscal.
Por Decreto de 23 de marzo se abrieron diligencias de investigación a fin de determinar la gravedad de los hechos y su posible relevancia penal, y a la vista del avance y las particularidades de las investigaciones en las distintas Fiscalías territoriales se trasladó la competencia investigadora a las mismas. Delgado puso en valor el trabajo llevado a cabo por los fiscales, “que se mantuvieron en primera línea prestando el servicio público”.
Por su parte, Segarra destacó el compromiso diario que todos los servicios especializados de protección a personas mayores y/o con discapacidad demuestran en el desempeño de sus funciones.
La Fiscal de Sala de protección de personas con discapacidad y mayores ha explicado en qué consisten las funciones tuitivas o de protección del Ministerio Fiscal y las modalidades de intervención para la defensa de los derechos de este sector de población vulnerable: remover obstáculos que impidan el acceso a recursos, interesar resoluciones administrativas de reconocimiento de derechos, resolver conflictos burocráticos, o remitir a las autoridades administrativas los asuntos que precisen de su amparo, entre otras.
Cermi y Cruz Roja
Para ello la Fiscalía incoa las llamadas Diligencias Preprocesales, a fin de conocer las circunstancias de las posibles situaciones de desamparo de personas mayores o con discapacidad que se ponen en conocimiento a través de servicios sociales, de ciudadanos y de asociaciones y ONG con las que tiene suscritos convenios de colaboración, como Cruz Roja o el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
Tras las averiguaciones oportunas, en que tiene la potestad de requerir el auxilio de las autoridades, funcionarios, organismo y particulares, las diligencias pueden concluir con solicitud de intervención sanitaria o social, demanda de evaluación de la capacidad de autogobierno u otras.
Destaca la incoación de diligencias preprocesales civiles para especial seguimiento de la situación de las residencias, sobre todo aquellas con mayor número de contagios y fallecimientos, a fin de impulsar la adopción de las medidas oportunas por parte de las administraciones competentes u cualesquiera otras intervenciones necesarias.
Por parte de los fiscales, insistió, “ha existido y existe una continua solicitud de actuaciones inspectoras de las administraciones competentes sobre los recursos residenciales”. La Fiscal de Sala valoró ésta como una de las carencias más importantes y como un punto a reforzar de manera estable para garantía de los derechos de los residentes y de la adecuación del trato necesario para una vida digna adecuada a sus circunstancias físicas y mentales.
Además, la Fiscal de Sala Coordinadora de protección de las personas con discapacidad y mayores puso el acento en el esfuerzo notable del personal que ha seguido trabajando en condiciones en ocasiones “extremas”.
Según explicó Segarra, hay una serie de rasgos comunes detectados por las Fiscalías como consecuencia de la crisis del coronavirus. Destacan los cambios en el perfil de las personas residentes, con una mayor comorbilidad y fragilidad y las debilidades preexistentes, entre las que destacan las de gobernanza, financiación, condiciones laborales y de formación del personal, falta de coordinación con la atención sanitaria primaria y limitaciones de infraestructura con habitaciones compartidas y carencia de espacios de aislamiento.
Además, la Fiscalía detecta falta de reemplazo a los profesionales de baja en las residencias, complejidad organizativa, retrasos en un adecuado soporte formativo, en la transmisión de información y el mantenimiento de medidas preventivas, deficientes condiciones de contratación y financiación.
Igualmente, destaca el grave impacto del confinamiento sobre las personas mayores, a nivel físico-funcional, de movilidad, nutricional, relacional, de sueño y psicológico. Así, explicó, las Fiscalías han apoyado con sus intervenciones los sistemas de información familiar y visitas de las administraciones mediante su adecuada protocolización.
Menos denuncias
La Fiscal de Sala explicó también que en los últimos meses se está detectando “una notable disminución del número de quejas o denuncias en su ámbito de competencias”. Persisten, sin embargo, elementos con efecto negativo, como la dificultad en algunos centros para establecer unidades de convivencia más o menos estancas, con el riesgo de incremento de contagios que puede suponer. Subsiste por tanto la situación de alerta y seguimiento por parte de las Fiscalías.
La Fiscalía, aseguró, cuenta con la experiencia y los protocolos adecuados para que no se repitan situaciones como las padecidas, y va a seguir realizando el seguimiento de todas las situaciones de vulnerabilidad. Como ejemplo de ello, desde el mes de julio se ha triplicado el número de diligencias civiles abiertas.
En relación al proceso de vacunación, Segarra explicó que las Fiscalías están presentando ante los Juzgados las oportunas solicitudes para resolver el conflicto ante las negativas de algunos representantes, familiares o guardadores de hecho de personas que carecen de la capacidad de decidir para cuando el criterio médico individualizado indique la pertinencia de la vacuna, velando así por su “superior interés”.
