Solo seis de cada 100 personas vulnerables de Castilla y León, que cuenta con una tasa de riesgo de pobreza del 25,1 por ciento, son perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el nuevo derecho subjetivo que puso en marcha el Gobierno de la Nación en junio del año pasado con el objetivo de ayudar económicamente a los más desfavorecidos. El porcentaje de la cobertura del IMV con respecto al riesgo de pobreza en la Comunidad (5,93 por ciento) es de los más bajos del conjunto de España, ya que solo Cataluña (4,91 por ciento), Canarias (5,55 por ciento) y Baleares (5,82 por ciento) presentan cifras inferiores. Por el contrario, destaca Navarra, que cuneta con una cobertura del 22,2 por ciento. La media nacional se situó en el 8,22 por ciento, según un estudio de la Asociación de Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales recogido por la Agencia Ical.
Con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el informe de la entidad asegura el Ingreso Mínimo Vital solo se ha aprobado para 800.000 personas, poco más de una tercera parte (35 por ciento) de los beneficiarios previstos por el Gobierno, que era 2,3 millones personas que viven en la pobreza extrema en el país. En el caso de Castilla y León, son 35.444. "Mientras tanto, las colas del hambre deberían avergonzar a los gobernantes y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la vacuna contra la pobreza, que es el Ingreso Mínimo Vital", sentenció en un comunicado.
En la Comunidad, las personas que cobran el IMV superan ya a las beneficiarias de las rentas mínimas (118 por ciento, tres puntos más que la media de España). El informe señaló la "gran" disparidad entre territorios. Así, en Canarias, donde tenían un número muy bajo de perceptores de sus Rentas Mínimas de Inserción, se han multiplicado por cinco (490 por ciento), o en Castilla-La Mancha casi por tres (280 por ciento), mientras que, en País Vasco, con un potente sistema de Rentas Mínimas, únicamente lo cobra una de cada cuatro personas (25 por ciento) de las que antes percibían la Renta Mínima, o en Baleares, uno de cada tres (36 por ciento). En comunidades como Madrid (92 por ciento) o Aragón (102 por ciento) los perceptores del IMV son prácticamente el mismo número que las que percibían sus Rentas Mínimas.
La Asociación de Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales destacó que tres de cada cuatro solicitudes han sido rechazadas. La complejidad del procedimiento y los exigentes requisitos como causa de tantas denegaciones. Eso sí, valoró las sucesivas modificaciones del Real Decreto Ley que regula el Ingreso Mínimo Vital han propiciado un aumento de resoluciones positivas. Precisó que si en 2020 las resoluciones positivas fueron el 15,3 por ciento, en 2021 hasta marzo fueron el 27,9 por ciento y hasta septiembre el 30,4 por ciento. Hasta septiembre 2021, se habían recibido 1,45 millones de solicitudes, de las que el 91 por ciento eran expedientes válidos. En los primeros 15 meses desde su puesta en marcha, se han tramitado 1,24 millones de solicitudes, mientras que quedan casi 100.00 aun sin resolver (97.513).
De las solicitudes resueltas, 337.000 han sido aprobadas y 888.000, denegadas. Las denegaciones se producen por la complejidad del procedimiento y la dificultad de cumplir unos exigentes requisitos. El propio Ministerio, en respuesta a través del Portal de Transparencia, a solicitud de la asociación, reconoce que el 60 por ciento de las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio); hay que tener en cuenta que se valoran los ingresos de la renta de 2019, año en el que no impactó la pandemia; otro diez por ciento de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para la que se sigue exigiendo el padrón histórico colectivo.
