El acuerdo firmado este viernes por Administración, Patronales (EECC, CECE), FSIE CyL y otros sindicatos, posibilitará que los docentes de la enseñanza concertada en Castilla y León puedan acceder en condiciones muy similares a las de los funcionarios públicos a la denominada carrera profesional, lo que supondrá una importante mejora en sus retribuciones a lo largo del tiempo. Es la culminación de un proceso comprometido por el entonces presidente del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, hoy presidente de la Junta de Castilla y León.
FSIE, -organización sindical mayoritaria en concertada con una representatividad en la comunidad del 71%-, ha estado presente como única organización sindical en sucesivas reuniones, documentadas, con administración y patronales a lo largo de estos últimos años. El acuerdo afectará a más de 7000 profesores de concertada de la comunidad incluidos en la modalidad de “pago delegado” y consistirá en la sustitución de una paga de antigüedad, abonada tras 25 años de servicio, por mejoras salariales a lo largo del tiempo vinculadas a su formación como profesionales de la educación.
FSIE agradece a Administración y Patronales el avance en mejoras salariales en un colectivo estancado desde 2006 en un proyecto de homologación respecto al profesorado de la enseñanza pública y que con la firma de este acuerdo se ve recompensado en parte, pero seguirá trabajando , en lo que queda de legislatura, por la mejora de las condiciones de otros colectivos no incluidos en este acuerdo: profesores de niveles no concertados, personal de administración y servicios o personal complementario del ámbito de la discapacidad.
FSIE Castilla y León como sindicato mayoritario de la enseñanza concertada ha sido pionero en toda España en la concertación del segundo ciclo de educación infantil; acuerdo de equiparación salarial para el bachillerato no concertado; inclusión de licenciados de niveles no concertados, seminarios e institutos municipales, en el acuerdo de centro en crisis y mantenimiento de la antigüedad a los afectados por la reducción o transformación del concierto educativo; así como de la jubilación parcial al 72%.
