El Ministerio de Función Pública ha ofrecido una subida fija del 10 por ciento para el colectivo de empleadas/os públicos para el periodo 2025-2028.
La subida se repartiría a lo largo de los cuatro años; no obstante, el porcentaje no podrá ser superior al 4 por ciento para los ejercicios 2025 y 2026, argumentando que se superaría el techo de gasto. De esta manera, quedaría por subir el 6 por ciento restante en 2027 y 2028. Función Pública propone que los sueldos puedan subir en mayor grado en el 2027.
Desde CSIF entendemos que el techo de gasto no puede ser un argumento, dado que la negociación salarial se debería de haber iniciado muchos meses atrás y además el Gobierno está recaudando más que nunca, por lo que habría margen para revisar esta oferta.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas rechaza además esta primera oferta dado que no cubriría la subida de los precios, teniendo en cuenta en 2024 el IPC cerró en un 2,8 y hasta octubre la inflación se situó en un 3,1 por ciento.
De esta manera, los dos primeros años del acuerdo supondría una pérdida para el poder adquisitivo de los empleados públicos y por tanto no lo podemos aceptar. CSIF rechaza esta primera oferta, aunque por responsabilidad seguirá negociando un acuerdo que permita avanzar en la recuperación del poder adquisitivo perdido a lo largo de los últimos años.
Hay que tener en cuenta que desde 2022, fecha del anterior acuerdo, los sueldos se han devaluado un 8 por ciento y desde 2010, cuando se produjo la bajada salarial con los recortes de ese año, la pérdida se eleva casi al 20 por ciento.
ES UNA PRIMERA OFERTA Y HAY MARGEN PARA NEGOCIAR
CSIF entiende que esta es una primera oferta y que hay margen para seguir negociando. De hecho, esta misma tarde habrá una reunión entre los departamentos de Función Pública y Hacienda y mañana seguiremos negociando las organizaciones sindicales. Hay que tener en cuenta además que se ha generado mucha expectativa en el colectivo de empleadas y empleados públicos por las pérdidas que llevamos acumuladas.
Por otra parte, desde el Gobierno se nos ha trasladado que se va a proceder a adaptar las cuantías económicas vinculadas al complemento de residencia e insularidad, así como las cuantías por razón de servicio (manutención y alojamiento), ambas reivindicaciones históricas de nuestra organización.
