Este 2018 está siendo un año de movilizaciones y reivindicaciones por parte de los trabajadores, que parecen haber recordado que las protestas son un medio de presión eficaz para conseguir los objetivos propuestos.
Primero fueron la Policía Nacional y la Guardia Civil quienes solicitaban una equiparación salarial con las policías autonómicas; después, los pensionistas reclamando un incremento de las prestaciones, al menos, acorde con la subida del IPC; y tampoco se quedaron atrás la Policía Local solicitando una jubilación efectiva a los 60 años. No han sido los únicos, puesto que los funcionarios de Justicia también piden al Gobierno una equiparación salarial con otras comunidades.
Junto a todos ellos, desde hace más de un año, los funcionarios de los centros penitenciarios también reclaman exactamente eso, una equiparación salarial respecto a otros compañeros de España y la eliminación de categorías de prisiones.
Valentín Ortiz, delegado sindical en Salamanca de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de las Instituciones Penitenciarias (Acaip), sindicato mayoritario entre las prisiones, detalla a SALAMANCA24HORAS que ellos no piden la equiparación salarial con Cataluña “como otros sindicatos”, sino que reclaman que “desaparezcan las categorías entre centros penitenciarios”.
Ellos se fijan en sus compañeros de País Vasco y Navarra, continúa el delegado sindical de Acaip en Salamanca, que tienen “unos complementos mayores que en el resto de España” pese a que desarrollan el mismo trabajo y dependen del mismo Ministerio (del Interior). Por ello, su petición de eliminar las categorías de los centros se resume en el lema “Iguales en el trabajo, iguales en el salario”.
Y es que Valentín Ortiz matiza que en Topas, al igual que en muchos otros centros penitenciarios de España, solicitan esa igualdad “de salario y de trabajo” con País Vasco y Navarra y “no con Cataluña”, precisa, puesto que allí “no tienen los mismos puestos y tienen horarios distintos”, lo que podría generar “inconvenientes grandes”.
Acaip, un año “ejerciendo múltiples protestas”
El delegado sindical de Acaip en el Centro Penitenciario de Topas recuerda que su sindicato lleva “un año ejerciendo múltiples protestas”, desde manifestaciones en subdelegaciones o la campaña de donación de sangre que realizaron el último verano, coincidiendo con la ‘Operación Retorno’, y que tuvo mucha repercusión.
También la tuvo la gran manifestación que hicieron el pasado 24 de febrero en Madrid funcionarios de toda España y que, según datos de la subdelegación del Gobierno, se cifró en 10.000 asistentes, si bien los sindicatos estimaron más.
De igual manera y en la capital de España, el pasado 11 de abril, centenares de funcionarios realizaron una concentración en la calle Alcalá, frente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que duró 12 horas (desde las 10 hasta las 22 horas) y a la que se acercaron a mostrar su apoyo “innumerables diputados y senadores de todo el arco parlamentario en general”, concreta Valentín Ortiz, si bien se echó en falta a aquellos representantes del Gobierno, asegura.
Sus reclamaciones pasan no por un simple aumento de suelto, sino que se trata de “condiciones más dignas para todo el colectivo” que, entre otras cosas, sí traduciría “en un incremento retributivo tasado y estudiado puesto por puesto” y que se cifra en unos 120 millones de euros para cobrar “lo mismo que cobran en el País Vasco y Navarra”.
“No vamos a parar hasta que se sienten a negociar”
Valentín Ortiz cuenta a este medio que las protestas continuarán, y esta próxima semana habrá concentraciones en varios centros penitenciaros (si bien no en Topas), puesto que la Plataforma Sindical formada por Acaip, CCOO y UGT “no vamos a parar hasta que se sienten a negociar”, ya que hasta el momento “hemos obtenido la callada del secretario general de Instituciones Penitenciarias por respuesta”.
En Topas, centro de categoría C1, la diferencia con aquellos de País Vasco y Navarra (de categoría B) se establece “en unos 300 o 350 euros mensuales brutos”, detalla Valentín Ortiz, que reitera que “todo el montante económico no llegaría a 200 millones para 20.000 funcionarios” una vez que se equiparasen categorías y se subiese de nivel a los más bajos.
El delegado sindical de Acaip en Salamanca también explica que el pasado 11 de enero, cuatro sindicatos (el suyo, CCOO, UGT y CSIF) firmaron una propuesta de equiparación, pero que en la reunión celebrada con el secretario general de Instituciones Penitenciaras el pasado 2 de abril, CSIF se desmarcó y pidió la igualdad con Cataluña. Así, el secretario general, además de responder que “no había dinero”, les exhortó a tener una única propuesta para trasladársela al ministro del Interior y al secretario de Estado de Hacienda.
Esto supone una pequeña traba en su lucha, pero Valentín Ortiz asegura que entre Acaip, CCOO y UGT representan “a más del 80% de funcionarios de prisiones”, por lo que ellos continuarán con sus reivindicaciones debido a que “cuando hemos conseguido algo, ha sido por nuestra propia iniciativa”.
Juan Ignacio Zoido, por su parte, sigue sin reunirse con ellos, y el secretario general “nos ha dado largas”, por lo que la intención de la Plataforma Sindical es “mantener la presión y dar un paso al frente” con esas concentraciones que en Castilla y León tendrán lugar en Valladolid y en Burgos, si bien Valentín Ortiz avisa que “a Topas ya le llegará su turno”.
Podrían producirse bloqueos de prisiones como última medida de presión
El delegado sindical de Acaip en Topas, antes de aumentar ese nivel de presión, cree que hay que ir “paso a paso” y asegurarse de que vaya una partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado.
“Tenemos el apoyo de los distintos partidos políticos del arco parlamentario, y se ha presentado más de 7.000 enmiendas a los PGE, entre ellas varias del PSOE en las que se insta al Gobierno que tenga en cuenta las reivindicaciones que estamos llevando a cabo”, comenta. Por eso, una vez que se debatan durante este mes de mayo, si se consiguen sacar adelante, sería hora “de sentarnos a negociar”, aunque sí ejercerán esa presión con paros y concentraciones.
Pero sí podría llegar a darse la situación inversa, y que sus protestas no fueran tenidas en cuenta. En ese caso, podrían producirse ‘bloqueos’ de las prisiones, sin dejar pasar a nadie, “ni relevos, ni proveedores, ni a los conductores, a los efectivos de la Guardia Civil, a nadie”, explica Valentín Ortiz, si bien deja claro que no es su intención pues consideran que hay suficientes medidas de presión y que confían en que el Gobierno las tenga en cuenta.
“Cuando pase el mes de mayo, valoraremos y tomaremos mayores medidas, pero ahora es adelantar un poco los acontecimientos”, termina.
