Desde el Consejo de la Juventud de Castilla y León, reivindicamos en el Día Internacional del trabajo, la situación de las personas jóvenes, debido a que es el colectivo de la población que más sufre la precariedad laboral, teniendo en cuenta el observatorio de emancipación del 2º semestre de 2020 de Castilla y León. La crisis que ha venido dada por la pandemia de la COVID- 19 ha generado situaciones inestables en diversos ámbitos, pero en concreto, en el empleo.
Al igual que en el resto de España, la juventud de Castilla y León apuntó una leve recuperación durante el segundo semestre, aunque sin volver a los niveles previos a la crisis de la COVID-19. A finales de 2020 un 37,6% de las personas jóvenes castellano y leonesas estaba trabajando, mientras que en los 6 meses anteriores lo hacía un 34% de los jóvenes. Se produjo un descenso del paro entre la población joven, que cayó hasta el 22,9% en el cuarto trimestre de 2020, posicionándose muy por debajo del conjunto estatal.
El paro fue más frecuente entre las mujeres jóvenes que entre los hombres de su misma edad, con un 24,1 % y un 21,9 %, respectivamente. La tasa de actividad del colectivo formado por la población de entre 16 y 29 años con estudios superiores fue mucho mayor a las que registraron las personas con categorías formativas inferiores. De hecho, la tasa de actividad de las personas menores de 30 años con estudios superiores (76,1%) casi dobló a la obtenida por quienes contaban con estudios primarios (40,3%).
La subocupación hace referencia a la situación en la que se encuentran las personas que trabajan menos horas de las que realizan otras personas en categorías similares y que, además, afirman tener disponibilidad para ampliar su jornada. En el segundo semestre de 2020 en Castilla y León un 17,8% de las personas jóvenes asalariadas se encontraba subocupada, con una mayor frecuencia que en el conjunto estatal (16,3%). La parcialidad en las jornadas se mantuvo estable a lo largo del año 2020, aunque la probabilidad de encontrarse trabajando a jornada parcial era mucho más elevada entre el colectivo femenino.
La tasa de pobreza o exclusión social (AROPE) de la población joven de Castilla y León se situaba en el 17,9%, siendo mucho menor que en el resto de las comunidades autónomas. Además, de manera generalizada en el resto del país, el colectivo femenino se encontraba más empobrecido que el masculino. El salario medio percibido en Castilla y León se situaba en 2020 en 10.634,84 euros netos anuales, con una diferencia de casi mil euros por debajo del promedio estatal.
Las mujeres de entre 16 y 29 años ingresaban menores importes salariales que los hombres de su misma edad, con una brecha de 634,14 euros netos anuales. La situación de empleo afectó también en el acceso de la población joven a la vivienda. El importe medio que pagaban por la vivienda las personas jóvenes castellano y leonesas que lograban emanciparse en alquiler era de 349,02 euros mensuales en 2019, subiendo un 19,95% en apenas un año. En 2020 un 17,8% de las personas jóvenes emancipadas vivía en viviendas cedidas, generalmente por sus familiares.
Por todo ello, resulta necesario que desde las administraciones públicas se tomen medidas y acciones que impulsen el empleo en la comunidad y el acceso a la vivienda de la población joven de Castilla y León. La población joven de Castilla y León, instamos a las administraciones públicas a asegurar políticas de Juventud basadas en los siguientes elementos:
- Elaborar planes de reactivación de empleo juvenil, así como mantener y reforzar los ya existentes como es "Garantía Juvenil" en el caso de nuestra comunidad autónoma.
- Establecer medidas que contemplen el acceso del colectivo juvenil al Ingreso Mínimo Vital.
- Establecer el bono joven de ayudas a la contratación, para facilitar la incorporación de jóvene de Castilla y León a empresas de nuestra comunidad.
- Favorecer medidas de acción positiva en la contratación de mujeres en sectores donde están infrarrepresentadas.
- Contemplar las dificultades aumentadas de las personas jóvenes con discapacidad en los planes de empleo, así como crear programas para ofrecer oportunidades de empleo dignas para las personas con discapacidad y procurar al máximo su integración y empoderamiento.
