Un duro revés para millones de pensionistas. El Congreso de los Diputados ha tumbado el decreto ley ómnibus que incluía una subida del 2,8% en las pensiones contributivas y de las clases pasivas del Estado. Esta decisión, impulsada por los votos en contra del PP, Vox y Junts, supone un retroceso en la mejora del poder adquisitivo de los jubilados y pensionistas españoles.
La medida, que había sido aprobada inicialmente por el Gobierno, tal y como recoge la Agencia Europa Press, contemplaba un aumento de las pensiones conforme al IPC, lo que suponía unos 600 euros adicionales al año para los jubilados con una pensión media. Sin embargo, tras el rechazo del Congreso, esta subida queda anulada a partir de febrero. Con el decreto de esta ley, un pensionista que perciba una pensión de 1.441 euros al mes pasará a recibir en enero una pensión de 1.481,35 euros, con lo que el importe adicional será de 40,4 euros más al mes, o lo que es lo mismo, una revalorización del 2,8%. La actualización en enero está garantizada, dado que el decreto ha estado en vigor hasta este pasado jueves, 23 de enero.
¿Qué implica este recorte?
- - Pérdida de poder adquisitivo: Los pensionistas verán reducido su poder adquisitivo en un contexto de inflación, lo que dificultará cubrir sus necesidades básicas.
- - Impacto en las pensiones mínimas y no contributivas: Además de la subida general, se habían aprobado incrementos específicos para las pensiones mínimas y no contributivas, así como para el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Estas subidas también quedan paralizadas.
- - Afectación a otros colectivos: Las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, así como las del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), también se verán afectadas por este recorte.
¿Qué pasará ahora?
El Gobierno deberá replantear su estrategia en materia de pensiones y buscar nuevas soluciones para garantizar el poder adquisitivo de los jubilados.
Las organizaciones de pensionistas han mostrado su rechazo a esta decisión, denunciando que se trata de un ataque a los derechos de los jubilados. Por su parte, los partidos políticos implicados en la votación han defendido sus posiciones, argumentando que el decreto ley contenía medidas que no eran sostenibles a largo plazo.
Se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre los próximos pasos.
