La mesa de Diálogo Social para el Estatuto del Becario se reúne de nuevo este lunes, con el fin de dar un impulso a esta negociación. El encuentro, fijado en medio del puente de la Constitución y la Inmaculada, está previsto a las 10 horas en el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Ese documento, conocido por ICAL, recoge que el número de personas en formación práctica en empresas no podrá superar el 20 por ciento de la plantilla de cada compañía con carácter general, aunque “cualquier empresa podrá concertar formación práctica con dos personas, con independencia del número de personas de plantilla”. Este último punto está pensado para las empresas más pequeñas y los autónomos.
Las empresas que participen en programas y actividades formativas se podrán beneficiar “de los estímulos, así como de las ayudas para atender los costes derivados de la realización de las actividades de tutorización obligatorias previstas en esta norma, en la cuantía y condiciones que se establezcan legalmente”, según dicho borrador de octubre.
Por su parte, los becarios tendrán derecho a la compensación de gastos por parte de la empresa o entidad para la que desarrollen la formación, “en los términos previstos en el correspondiente convenio o acuerdo de cooperación, por una cuantía mínima suficiente” para cubrir todos aquellos en los que el becario incurra como desplazamiento, alojamiento o manutención.
El pasado viernes, con ocasión de los datos de paro registrado de noviembre, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, avanzó que se convocaba la mesa para el lunes y que se estaban haciendo “ajustes” en el redactado.
Trabajo pretendía que esta norma estuviera cerrada antes del final del verano, para que el nuevo marco legal de las personas en prácticas estuviera en vigor en septiembre, con el inicio del curso. Pero este objetivo no se logró, en aras de los intentos del Ministerio de un acuerdo entre las partes.
El Estatuto del Becario está incluido en el Componente 30 del plan de recuperación, dentro del marco de modernización de las políticas activas de empleo que tiene como calendario de implementación 2021-2022.
