Las negociaciones para prorrogar por cuarta vez los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) tienen fecha de esta semana, ante la continuidad del impacto del coronavirus en la economía.
El 31 de enero termina la vigencia de los ERTE bajo condiciones especiales por el COVID-19 y para el día 8 ya está prevista una reunión entre el Gobierno y los agentes sociales con el fin de acordar una nueva prórroga, dado que la economía se mantiene afectada por la pandemia y las medidas administrativas adoptadas para contener los contagios.
Las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT están de acuerdo en la necesidad de volver a extenderlos y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha aseverado que “nadie discute en nuestro país la prórroga”.
Sin embargo, Díaz ha pedido que las negociaciones no agoten el plazo como en anteriores ocasiones y no se alarguen más allá del 15 de enero para dar “tranquilidad”.
Respecto al sistema que se puede renovar, la titular de Trabajo ha considerado que el actual “está funcionando muy bien” y “todo el mundo está cubierto” aunque ha sugerido que la patronal ha pedido un cambio de sistema.
Actualmente, las empresas disponen de tres modalidades de ERTE: de impedimento para desarrollar la actividad, que lleva aparejadas exoneraciones de cuota a la Seguridad Social de entre el 90 y el 100 por ciento; de limitación por decisiones administrativas, con exenciones del 70 al 100 por ciento, y un tipo de ERTE dirigido a empresas de determinados sectores acordados con los agentes sociales que se ven particularmente afectados por la crisis y que se benefician de exoneraciones del 75 y el 85 por ciento.
La prestación del ERTE se mantiene en el 70 por ciento de la base reguladora, el ‘contador a 0’ alcanza los 196 días y se aplicará durante 2021 y se mantiene la salvaguarda del empleo durante seis meses. Como novedad en la última prórroga, los afectados por el ERTE tendrán atención preferente para recibir formación.
Igualmente, sigue vigente de acuerdos anteriores la prohibición de realizar horas extraordinarias si la empresa está acogida a un ERTE, externalizar actividad, contratar, repartir dividendos y radicarse en paraísos fiscales.
Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al cierre de noviembre había 746.900 trabajadores suspendidos, 18.487 más respecto al cierre de octubre.
El número de personas incluidas en los nuevos esquemas aprobados en septiembre se situó en 420.604 trabajadores, siendo 218.380 personas en los sectores más afectados y protegidos, 79.232 en ERTE de impedimento y 117.064 en ERTE de limitación.
Además, el 60 por ciento de los trabajadores acogidos a las nuevas modalidades de ERTE pertenecen al sector “servicios de comidas y bebidas” o “servicios de alojamiento”.
El mercado laboral muestra que en noviembre creció la ocupación media en 31.638 personas (más 0,17 por ciento) respecto a octubre y la cifra total de afiliados superó los 19 millones (19.022.002 personas). De los 947.896 empleos que se perdieron desde el 12 de marzo a finales de abril, ya se han recuperado 578.090. Sin embargo, respecto a noviembre de 2019, la Seguridad Social ha perdido 354.877 trabajadores, un 1,83 por ciento.
El paro registrado se incrementó en 25.269 personas (0,66 por ciento) en noviembre respecto al mes anterior, dejando la cifra total de desempleados en 3.851.312. Si se compara con hace un año, el paro se ha engrosado en 653.128 personas (20,42 por ciento).
