El Consejo de Ministros aprobó este martes el acuerdo que pone en marcha el proceso regulado para la desconcentración de organismos públicos estatales de nueva creación como una medida más para la “cohesión social y territorial” y que “ayude a frenar la despoblación”.
Así lo destacó la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa que ofreció después de la reunión del Ejecutivo y en la que elevó este plan para la “desconcentración de organismos públicos del Estado en todo el territorio”.
La ministra indicó que con este plan de “desconcentración” que afecta a nuevos organismos de la Administración Central del Estado se trata de “revertir” la dinámica actual y “fijar población, empleo estable y cohesionar en este país”.
Según apuntó Rodríguez, en "próximas semanas", el Gobierno aprobará un decreto con los "nuevos organismos a desconcentrar" y la creación de una comisión interministerial consultiva que decidirá el enclave del mismo entre las opciones que presenten las comunidades autónomas.
Se trata de una medida anunciada y debatida en los últimos meses con el objetivo de que el sector público "refuerce su papel vertebrador del territorio y contribuya a fomentar la igualdad de oportunidades y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones".
Esta previsto constituir una comisión consultiva, presidida por la ministra de Política Territorial, como órgano interministerial de la Administración General del Estado (AGE), que asistirá al Consejo de Ministros en el proceso de elección de las sedes donde se ubicarán las entidades del sector público institucional estatal.
El procedimiento para la determinación de las sedes se desarrollará en un real decreto. Las entidades cuya sede se someterá a este procedimiento son las que integran el sector público institucional estatal de nueva creación (organismos públicos y autónomos, entidades públicas empresariales, agencias, autoridades independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones y fondos carentes de personalidad jurídica).
El Consejo de Ministros iniciará y finalizará el procedimiento, decidirá que se abra el proceso para determinar la sede de una entidad y adoptará el acuerdo final en torno a la ubicación. La Comisión consultiva, presidida por la ministra de Política Territorial, informará la decisión elaborando un dictamen que recogerá las distintas alternativas.
La elección se fundará en un procedimiento abierto, transparente y competitivo. Cualquier comunidad o ciudad autónoma, diputación provincial, cabildo, consejo insular o ayuntamiento podrán postular una localidad y podrán ofrecer cesión de bienes inmuebles y asunción parcial o total del coste financiero. El Estado podrá compartir, de esta forma, los costes asociados al establecimiento de sedes de entidades.
En la elección se valorarán factores como el nivel de desempleo, la conexión con el ámbito de actuación de la entidad, el mercado de vivienda o el número de instituciones públicas estatales en la Comunidad.
Asimismo, se tendrá en cuenta en todo momento el papel de los trabajadores públicos, incorporando el procedimiento la posibilidad de ofrecerles condiciones ventajosas de traslados y la garantía de que la entidad pública podrá ejercer de manera eficaz sus funciones en la localidad donde se ubique.
El Gobierno destacó que muchas comunidades autónomas ya han apostado por este proceso, como Andalucía, Castilla y León, Canarias, Galicia, Extremadura o Castilla-La Mancha. En muchos casos lo reconoce el propio estatuto de autonomía.
