El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este viernes desde el CEIP Ana Soto de Albacete que el Gobierno está trabajando en una nueva normativa para "limitar y restringir la publicidad de alimentos insanos" dirigida al público infantil. Bustinduy argumentó que esta medida busca proteger a los menores de un "bombardeo" publicitario que impacta negativamente en sus hábitos nutricionales.
Según el ministro, los niños están expuestos a unos 4.000 anuncios de este tipo al año, lo que equivale a once al día. Bustinduy reconoció que el sector industrial es "poderoso" y que esperan "grandes resistencias", pero reafirmó la obligación del ministerio de "defender el interés general y el derecho de los niños y niñas a una alimentación saludable". La medida se sumaría al reciente Real Decreto sobre comedores escolares sostenibles y saludables, que busca garantizar comidas de calidad, con productos de proximidad y limitando los ultraprocesados.
Comedores escolares y la polémica de los pisos turísticos
Bustinduy elogió el CEIP Ana Soto como un "ejemplo de buenas prácticas" en comedores escolares, destacando su rol como modelo para otros centros en la aplicación del nuevo Real Decreto. Además, el ministro anunció que se aplicará un modelo similar en comedores de hospitales y residencias para fomentar el consumo de productos de calidad y proximidad.
En otro orden de asuntos, Bustinduy felicitó al Consell de Ibiza, gobernado por el Partido Popular, por la retirada de anuncios de pisos turísticos ilegales en la plataforma Airbnb. Aprovechó para criticar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por no tomar medidas pese a haber recibido información sobre 15.000 pisos turísticos ilegales. "Ojalá aprendieran del Consell de Ibiza otros dirigentes del Partido Popular como el señor Almeida o el señor Mazón", valoró.
El ministro también defendió la propuesta de la Ley de Atención al Cliente, que plantea la obligatoriedad de ofrecer servicios en los idiomas cooficiales si el cliente lo requiere. Bustinduy tildó la polémica de "exagerada" y afirmó que es de "sentido común" que las grandes empresas atiendan en las lenguas oficiales del Estado, destacando que la ley también obligará a atender reclamaciones en menos de tres minutos y a prohibir las llamadas de spam.
Finalmente, el ministro se refirió a los fallos en las pulseras antimaltrato, asegurando que se tomarán medidas para garantizar su funcionamiento y que el problema "no vuelva a suceder nunca más".
