La conversión del Hotel Monterrey en un nuevo edificio de 75 viviendas y 95 plazas de garaje ha dado otro pequeño paso después de que el Pleno municipal del Ayuntamiento de Salamanca haya aprobado la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para cambiar el grado de catalogación del edificio actual y permitir su nuevo uso.
Este dictamen, de la Comisión de Fomento y Patrimonio, ha sido aprobado con los votos favorables de PP y Ciudadanos, además del concejal no adscrito, los votos en contra del Grupo Mixto y la abstención del PSOE.
La aprobación de la modificación del PGOU para permitir la construcción de un edificio residencial en el Hotel Monterrey no ha estado exento de polémica, tanto por la posible creación de un parking en pleno centro de la ciudad no para residentes sino para la población en general -algo que el equipo de Gobierno ha descartado- como por la conservación de ciertos elementos del edificio.
No obstante, el alcalde ha insistido, antes de dar paso a la votación final, que lo aprobado este viernes permitirá al edificio construir viviendas (un total de 75) con una “dotación razonable de plazas de aparcamiento” (95). Es decir, “tenemos claro que la intervención urbanística en ningún caso va a suponer la multiplicación de plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad ni será un negocio lucrativo sobre las mismas”, ha afirmado. “Para eso no hacemos la modificación”, ha sentenciado.
Dudas entre si la modificación del PGOU obedece a un interés general o particular
El debate comenzó con la intervención de Carmen Díez, concejala del Grupo Mixto, quien señalaba que no encontraba el interés público general en descatalogar el edificio -lo que posibilita su reconversión para uso residencial- y, sobre todo, mostró su preocupación por la creación de un parking de cuatro plantas subterráneas que se va a socavar en el centro de la ciudad y cuyas plazas podrían ser “vendidas o alquiladas por la empresa a no residentes”, ya que es una zona peatonal donde no hay aparcamiento recurrente.
Por su parte, Virginia Carrera, también del Grupo Mixto, lamentó lo difícil que es proteger un edificio y lo fácil que es desprotegerlo, y consideró que no sólo había que conservar seis estatuas de la fachada, sino que habría que hacer lo propio con el mural del comedor y la chimenea del salón, y se cuestionó si los técnicos municipales han realizado un informe.
Además, Carrera aseveró que el Ayuntamiento desconoce qué quiere hacer la empresa promotora y aseguró que los informes presentados “no justifican el interés general pero sí el particular”, añadiendo que si se quieren hacer viviendas en el edificio no sería necesario vaciarlo por completo, puesto que ya tiene cédulas de habitabilidad. Por otra parte, preguntó qué va a pasar con el edificio contiguo de la calle Toro (el hotel Alfonso X) y si se va a permitir que casi 100 coches circulen en pleno entorno peatonal.
Carrera encontró respuesta en Fernando Castaño, concejal de Ciudadanos, quien aseguró que los técnicos sí habían visitado el edificio y consideró que el Hotel Monterrey no merece una protección estructural tan alta como la que tenía hasta este momento porque es un edificio en desuso que ahora se adaptará a la realidad.
Mientras, el concejal del PSOE, Álvaro Antolín, justificó la abstención de su partido porque coincidía en varios puntos del dictamen, como la facilidad para vaciar el interior, que hasta ahora no estaba permitido, y así construir viviendas, y en definitiva con darle una segunda vida a un edificio sin uso actual. Eso sí, coincidió en que se debían primar los intereses patrimoniales, arquitectónicos y de conservación histórica “para evitar que un vaciado se lleve por delante los elementos interiores de interés”. Sobre la relación de viviendas y plazas de garaje, consideró que la proporción “parece razonada”.
Por último, el concejal de Fomento, Daniel Llanos, consideró que el PGOU era “excesivamente restrictivo” y consideró que se habían escuchado “verdaderas barbaridades” en las intervenciones del Grupo Mixto ya que no se referían a la documentación que se iba a aprobar, cuestionando a ambas concejalas si habían leído la documentación y el expediente.
Igualmente, el interés público general venía recogido en la memoria, y es “dar respuesta a las nuevas necesidades de carácter social que, con el transcurso del tiempo, se han puesto de manifiesto”. Todo ello sin menoscabar los elementos que resultan susceptibles de protección, puntualizó.
Asimismo, el concejal indicó que “se habla de gentrificación, pero según ustedes no podemos dar nuevas vidas a los edificios y que haya más gente viviendo en el centro” (aunque, precisamente, en eso consista la gentrificación, en la reconversión en viviendas de edificios en desuso que aumente los precios de la zona).
Cinco mociones conjuntas de todos los grupos
Por otra parte, todos los grupos municipales y el concejal no adscrito aprobaron, de manera conjunta, tres mociones. La primera de ellas versa sobre la situación del Sahara Occidental; la segunda, sobre la petición al Gobierno para que la Escuela Nacional de Policía se mantenga en Ávila como centro adscrito a la USAL; la tercera, para que instar al Gobierno a que apoye a los ayuntamientos en su lucha contra la crisis sanitaria; la cuarta, para elaborar y poner en marcha una campaña de concienciación e información sobre el ictus; y la quinta, para convertir el kiosko-bar del parque de las Salesas en un espacio para el uso de las asociaciones de mayores de la ciudad.
Las dos primeras fueron propuestas por el PP y Ciudadanos en un primer momento; la tercera, sólo por los populares; y la cuarta y la quinta, por el Partido Socialista.
