La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Castilla y León tiene actualmente 25 expedientes de declaración como Bienes de Interés Cultural (BIC) pendientes de resolución, dos de ellos transversales en varias provincias, cinco en Burgos y en León, cuatro en Valladolid, tres Ávila, Salamanca y Zamora, y ninguno en las provincias de Palencia, Segovia y Soria.
Así se desprende de la respuesta publicada en el Boletín Oficial de las Cortes a la pregunta escrita presentada por el procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, que inquirió al departamento coordinado por Gonzalo Santonja sobre los expedientes pendientes de resolución y su fecha de incoación, después de que en apenas un año se concluyeran todos los trámites precisos para la declaración como BIC de ‘La pirámide de los italianos’, en Burgos, a petición de los procuradores de Vox en las Cortes. A juicio de Igea, la “celeridad” de la resolución en ese caso “contrasta con los tiempos medios de tramitación en el caso de otros muchos BIC, con demoras de décadas”.
El expediente más añejo que reposa pendiente de resolución es el de la localidad burgalesa de Espinosa de los Monteros, que aguarda ser declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico desde 1972, una década a la que también remiten expedientes como los del Valle de las Cinco Villas en Ávila (que aguarda su momento desde el verano de 1975), el de la ermita de San Pelayo, en Hortigüela (Burgos) como monumento y el del casco antiguo de Ponferrada, en León (estos dos desde 1976), además del casco antiguo de Zamora u el Monasterio de San Pedro de Arlanza en Burgos, ambos desde 1979.
Desde los años 80 son ocho los expedientes pendientes. Así, de 1980 data la fecha de incoación del poblado romano de Corona de Quintanilla, en el enclave leonés de Luyego, que aspira a ser declarado zona arqueológica, y la Iglesia de San Jorge en el Condado de Treviño, en Burgos, que entra dentro de la categoría de monumento. En 1981 se incoó en ese mismo apartado la iglesia parroquial de Santo Tomás ,en el municipio zamorano de Castrogonzalo, y de un año más tarde datan el barrio viejo o catedralicio de Salamanca, como conjunto histórico, y el Convento de santa Clara en Benavente (Zamora) como monumento, además de la ermita de San Miguel en boca de Huérgano (León), dentro del mismo apartado.
Por otra parte, de 1987 es el expediente que pretende la declaración del yacimiento La Ermita-Las Arenas como zona arqueológica en Cabezón de Pisuerga (Valladolid), y desde 1989 aguarda la vez el puente romano de dieciséis arcos de piedra de Simancas, en Valladolid.
De los años 90 son cuatro los expedientes sin resolver. El más antiguo de ellos data de 1991, y es el del Hotel Alfonso V (antes conocido como Oliden) en León, en la categoría de monumento, igual que la iglesia de San Polo en Salamanca, que espera desde 1992, y que la Casa de Vela Zanetti, en el municipio burgalés de Milagros, desde un lustro más tarde. De 1999 es la fecha de incoación del yacimiento romano de Las Calaveras en Renedo de Esgueva (Valladolid), que pretende ser reconocida como zona arqueológica.
Desde la primera década del nuevo milenio solo hay un expediente pendiente, el que atañe a la Calzada de la Plata a su paso por Castilla y León, en la categoría de conjunto histórico desde 2001, mientras que hay otros cinco expedientes pendientes de resolución en la presente década.
En 2022 se incoó el del complejo minero-industrial de La Recuelga, en Páramo del Sil (León) como conjunto etnológico, un año después el de Suerte de Pinos en la categoría de bienes inmateriales, y de este mismo año datan tres casos: el Puente Colgante de Valladolid (como monumento), el Bosque de Béjar (en Salamanca) como jardín histórico y Los Barrios de Villanueva en Ávila como conjunto etnológico.
En su respuesta a las preguntas del procurador del Grupo Mixto, que cuestionaba al consejero si en el caso de La Pirámide de los Italianos se había actuado “siguiendo el principio de igualdad ante la ley que debe regir el funcionamiento de cualquier administración pública”, desde la Consejería de Cultura aseguran que han seguido "el correspondiente procedimiento como con todas las solicitudes”.
“Se inicia un período de información previa, con el fin de determinar la conveniencia de incoar alguno de los procedimientos para la protección de bienes integrantes del patrimonio cultural de la Comunidad y, una vez incoado, se siguen los trámites legalmente establecidos. En este caso, la solicitud se acompañaba de documentación justificativa suficiente de los valores singulares y relevantes del bien y, en el trámite de información pública, no se han recibido alegaciones de relevancia, por lo que el procedimiento no se ha dilatado en el tiempo”, concluyen.
