Las mujeres de la Guardia Civil se sienten “desprotegidas” a la par que “indefensas y totalmente agraviadas” frente ante la “ineficacia” del protocolo de acoso por el que se rigen y frente al que exigen mejoras para dejar de ser silenciadas.
Varios años lleva denunciándose por parte de la Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC) que los protocolos actuales fallan y dejan en la más absoluta desprotección a las víctimas. La Guardia Civil cuenta desde el año 2019 con dos protocolos de acoso laboral y de acoso sexual o por razón de sexo, identidad u orientación que es tildado de “ineficaz”.
Alicia Sánchez Álvarez, secretaria de la mujer y la igualdad de la Junta Directiva Nacional de la AUGC, expresa que “hemos notado prácticamente desde el principio el incumplimiento o el mal cumplimiento de los protocolos, que tienen bastantes diferencias con el de la Administración General del Estado, donde a la víctima no se le informa de nada, no se le informa de los plazos, ni de las actuaciones que se van realizando, ni si tiene derecho a medidas cautelares o al acompañamiento a la hora de cualquier entrevista o declaración”. Respecto al acompañamiento, surge la primera de las objeciones, pues la víctima tiene que ir acompaña de un agente, hombre o mujer, de la Guardia Civil; lo que se reivindica es que pueda ir acompañada de una persona de su confianza como sucede cuando se aplica el protocolo de la Administración General del Estado.
Otras de las denuncias que surgen desde la AUGC es que las medidas cautelares para separar al presunto acosador de la presunta víctima no se aplican: “Se le ha llegado a decir a alguna víctima que tiene la vía penal abierta o que para eso están los juzgados, entonces ¿para qué queremos un protocolo que proteja? Ha fallado la parte del protocolo que habla de formación y de sensibilización porque hay acosadores y hay gente que sabe que son acosadores y nadie les para los pies”, declara.
Este protocolo que es interno y, por tanto, se aplica a nivel nacional en todas las provincias por igual cuando el acosador y la víctima son guardias civiles, entró en vigor en el verano de 2019, notándose desde entonces una gran falta de formación tanto en los guardias civiles como en quienes tienen la potestad para aplicar el protocolo, según advierten desde esta asociación.
El plazo de resolución del protocolo desde que se da cuenta hasta que te dicen el resultado es de 30 días. En la Administración General del Estado son 10
“Ya en la época que estuvo Mercedes González, la directora general de la Guardia Civil que tenemos ahora, que estuvo dos meses antes de marcharse, le dijimos que los protocolos necesitaban ser modificados. Nos dijo que sí, que se iba a modificar, pero con las mismas se marchó y vino Leonardo. Con él los temas de igualdad los tuvimos más que dejados de lado porque le importaba muy poquito la igualdad. De hecho, cuando se presentó en la Comisión de Igualdad llegó a decir, que ‘con la igualdad nunca se termina’. Y cuando volvió Mercedes González insistimos otra vez en que los protocolos necesitan ser modificados, poner el foco en la protección de la víctima y cambiar plazos. El plazo de resolución del protocolo desde que se da cuenta hasta que te dicen el resultado es de 30 días. En la Administración General del Estado son 10, pero es que nos han llegado a decir que iban fuera de plazo porque alguien había estado de vacaciones”.
De unas 87 peticiones de apertura del protocolo solo unas 20 terminaron con sanción
Llama la atención también que no hay datos numéricos oficiales sobre los casos de acoso que se han producido dentro del Cuerpo, por ejemplo, en el último año. En este aspecto, la secretaria de la mujer y la igualdad de la Junta Directiva Nacional de la AUGC, reconoce que los datos que se conocen son “mínimos”, pero sí alerta de que “la mayoría de los casos terminan sin sanción. Las cifras donde se pide el protocolo son bajas. Hicimos una pregunta parlamentaria para ver desde el 2019 hasta el 2023, osea cuatro años de vigencia del protocolo, y de unas 87 peticiones de apertura del protocolo solo unas 20 terminaron con sanción. El resto terminaron sin sanción porque parece ser que nunca era acoso”.
A parte de que los protocolos actuales fallan, la AUGC se muestra sumamente crítica con la normativa de estos. “Acoso sexual es que tu jefe quiera sexo contigo y como tú no se lo das, te castigue y te envíe a una oficina en un sótano sin ventanas, te deje sin ocupación y te dé voces delante de los compañeros. Pero todo eso viene porque el señor quiere sexo contigo. El acoso sexual, si no lo consiguen se convierte en acoso laboral casi en el 90% de los casos, pero resulta que esto para la Guardia Civil no es acoso. Resulta que esta mujer además se ve obligada, al ser los dos guardias civiles, a denunciar en un togado militar, pero es que los jueces de los togados no están formados, y ¿por qué tenemos que ir a un juzgado militar? Nos consideramos víctimas de segunda categoría; a nosotras no nos tratan ni un forense especializado, ni un juez especializado, ni tenemos acceso a la justicia gratuita, que la Ley 1/2025 da acceso a la justicia gratuita en este tipo de delitos a todas las mujeres, independientemente del nivel económico que tengan o de sus ingresos. Nos están tratando como si tuviéramos menos derechos que una mujer civil y pedimos que a las víctimas de la Guardia Civil se las trate con dignidad y con garantías y que sea un juzgado especializado en violencia sobre la mujer la que lleva el caso de acoso”, sentencia.
Pedimos que a las víctimas de la Guardia Civil se las trate con dignidad y que sea un juzgado especializado en violencia sobre la mujer la que lleva el caso de acoso
Como ejemplo de la ineficacia de los protocolos, Alicia expone un caso mediático, denunciado en Europa ante la ONU y en televisión, donde Carolina, guardia civil de Molina de Segura, denunció a su sargento, su jefe, porque la violaba y nadie le hizo caso. Ingresó en prisión el año pasado, 19 años de pena, aunque, subraya, que “no se ha castigado ni se ha pedido responsabilidades a quienes teniendo conocimiento no hicieron nada y entre ellos estaba el jefe de la comandancia y el jefe de policía judicial de allí de Murcia, una cabo y una capitán de EMUME, del equipo de mujer y menor, y allí nadie hizo nada hasta que Carolina fue a ver a nuestra abogada, habló con ella y una compañera mía se fue a ver al director general de la Guardia Civil de aquel entonces, que esto fue en 2015, y lo denunció. Pero este caso no se ha juzgado hasta 2023-2024, aunque ya teníamos protocolo desde 2013 y nunca se aplicó”.
Alicia concluye esta denuncia colectiva con una petición: “Me encantaría que todas las organizaciones de la Guardia Civil exigieran estos cambios. Somos 7 asociaciones en el Consejo de la Guardia Civil con la AUGC y de 16 vocales yo soy la única mujer que está ahora y me parece increíble que ninguna otra asociación se ponga de uñas con los protocolos de acoso. No las veo tan críticas, parece que les da igual, porque lamentablemente el acoso a quien no le afecta, si no está muy sensibilizado, no es una cosa que le importe, piensan que nunca les va a suceder a ellos o a ellas”.
