Este lunes el Interlocutor Territorial Policial Sanitario ha sido el objeto de una reunión que han mantenido en la Subdelegación del Gobierno, el subdelegado del Gobierno, el delegado Territorial de la Junta, el comisario Jefe Provincial, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, los presidentes de los Colegios de Médicos y diplomados de Enfermería, la gerente Territorial de Sanidad, los gerentes de Atención Primaria y Especializada del Sacyl y los Interlocutores Policiales Territoriales Sanitarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
En su intervención, el delegado de la Junta de Castilla de León, Bienvenido Mena, ha destacado la importancia del acto, tanto a nivel institucional como social, porque a través de esta figura se establece un cauce de comunicación entre los responsables de los centros sanitarios y los efectivos policiales con el fin de reducir a cero las acciones violentas y de intimidación de los trabajadores de del sistema de salud. “Se establece una doble problemática, la primera en un nivel personal por las acciones que sufre el facultativo, y la segunda en un nivel social, ya que afecta a la función que desempeñan”, ha explicado.
En este sentido, Bienvenido Mena, ha recordado la implantación del Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios para crear medidas y herramientas de coordinación a nivel nacional con el fin de reforzar los dispositivos de seguridad e incrementar la vigilancia. De igual manera, el Ministerio de Interior, según han anunciado, ha elaborado un catálogo de centros sanitarios para estudiar sus especificidades e investigar en profundidad todas las agresiones.
Según los datos ofrecidos por el subdelegado este lunes, en el año 2016 se produjeron 46 agresiones en la provincia de Salamanca con 61 trabajadores implicados. Un tal de 22 tuvieron lugar en el Hospital Clínico Universitario y 24 en distintos Centros de Atención Primaria. El total de Castilla y León ascendió 427 incidentes con 525 profesionales afectados. El 18% se ha tratado de agresiones físicas, el 62% verbales y el 20% maltrato de carácter psicológico. “Nuestra meta es objetivo agresiones cero”, ha concluido.
Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Antonio Andrés Laso, ha reconocido que en el ámbito sanitario ha habido un incremento en los actos violentos en el ámbito sanitario. Por ellos ha incidido en los esfuerzos que se están haciendo desde el Ministerio de Sanidad y también desde el Ministerio de Interior. “Es algo que preocupa en el Gobierno por la incidencia que tiene en los profesionales y también en la calidad del servicio”, ha valorado.
En el protocolo de medidas policiales que se ha implementado hay una amplia definición de violencia que se comete contra los facultativos, tanto dentro como fuera del ámbito sanitario. Según ha indicado el subdelegado se producen, en orden de frecuencia, amenazas, vejaciones, injurias y agresiones físicas. “Son cometidas en su mayoría por los propios usuarios, sobre todos de noche y en el Servicio de Urgencias, mayoritariamente contra mujeres y también se producen robos y hurtos”, ha puesto de manifiesto.
Un inspector de Policía Nacional se ocupará de la capital y de Béjar, mientras que la provincia estará coordinada por un miembro de la Guardia Civil. “Habrá un seguimiento individualizado de cada caso en coordinación permanente con la Policía Local y las empresas privadas de seguridad y se desarrollarán jornada formativas con especial atención a los delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías”, ha concluido.
