Independencia sí o no. Cataluña y España viven este 1 de octubre una jornada que ha plagado la actualidad en los últimos días en diferentes ámbitos, no solo en el político. Sin embargo, siempre se ha criticado el hecho de lo que se podía preguntar en en el referendum. El presidente catalán, Carles Puigdemont, lo anunciaba el pasado junio: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?“. Esto, sin embargo, tiene varias aristas que deberían ser estudiadas anteriormente. Una de ellas es la económica.
Muchos son los comentarios de que España sería más pobre sin Cataluña y Cataluña más pobre sin España y, aunque el futuro no se puede medir, según las cifras macroeconómicas de los últimos años, estos comentarios se tornan en realidad. La región catalana aporta en la actualidad cerca de un 20% al Producto Interior Bruto español por lo que una posible secesión lo reduciría del más del billón actual a cerca de 900.000 millones de euros, 211.000 menos que no afectarían a los casi siete millones y medio de catalanes. Cada salmantino, y según estas cifras, vería reducida la inversión en ellos en 993 euros hasta los 22.000 al año. España como Estado sería quinta en la cantidad del Producto Interior Bruto en ambos casos por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.
El caso de los catalanes, según estas mismas cifras sería diferente. Ellos, solo contando con esto, se verían favorecidos contando cada uno con más de 27.000 euros al año del PIB catalán, más de cinco mil euros, algo que, sin embargo, es irreal debido a más factores que también se verían modificados. El más claro sería el referente a las exportaciones. Cataluña exporta en los últimos años bienes por valor de más de 58.000 millones de euros, la mayor parte al resto de España. En caso de independencia y de no entrar a formar parte de la Unión Europea, a estos bienes se les debería aplicar la llamada Tarifa Exterior Común, casi un 6% más de lo que se debe pagar ahora.
Lo anterior llevaría, según varios estudios, a una reducción del 13% de sus exportaciones y un impacto de 7.400 millones de euros, un 3,5% del PIB catalán en la actualidad, por lo que el dinero destinado para cada ciudadano ya se rebajaría. A ello habría que sumarle el efecto frontera, aquel que se produce al tener que comprar a otros estados que ha sido analizado en los últimos casos de Eslovaquia y la República Checa o en otros como los de las repúblicas balcánicas. Este efecto frontera se cifra en una caída de la exportación de un 50% a un 80%, en el peor de los casos, lo que reduciría el PIB catalán en un 20%.
La deuda de Cataluña, además, es la más grande de todas las regiones de España y, tras asumir la parte proporcional que les correspondería de la deuda nacional, podría alcanzar más de un 70% de su PIB lo que, además, se uniría a la pérdida de financiación por parte del Banco Central Europeo en caso de salida de la UE. La moneda que se utilizara sería otro dilema para el nuevo Estado. Las empresas también podrían dejar Cataluña si la situación siguiera estos pasos como ya han amenazado los principales bancos de la región ante la posibilidad de que la Unión Europea no les acogiera como nuevo país, como también ha recordado un portavoz de la Comisión Europea en los últimos días. Obviamente, esta situación se resetearía hasta comenzar de cero si la Unión Europea accede a que Cataluña fuera el país número 29, aunque ya existen numerosas veces que aseguran que esto no ocurriría.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado velan por la unidad
Las unidades de refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a desplazar por el Gobierno hacia Cataluña partieron esta pasada semana. Las funciones serían de vigilancia del espacio público y mantenimiento del orden y actuarán en caso de que se mantuviera el referéndum ilegal.
Según consta en el documento al que ha tenido acceso SALAMANCA24HORAS, el contingente de guardias civiles desplazados desde todas las provincias de España ronda el medio millar, siendo 75 de Castilla y León: nueve de Salamanca, ocho de Ávila, ocho de Burgos, diez de León, ocho de Palencia, ocho de Segovia, siete de Soria, ocho de Valladolid y nueve de Zamora. Por su parte, de la Policía Nacional son una docena los agentes en tres furgones, una cifra similar en todas las provincias de Castilla y León.
Estas unidades actuarán en apoyo del Cuerpo de los Mossos d´Esquadra, que tiene encomendadas estas funciones. Todo ello al objeto de dar cumplimiento a la instrucción 2/2017 de la Fiscalía Superior de Cataluña, remitida el pasado 8 de septiembre a la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d´Esquadra ordenando activar las actuaciones necesarias para impedir la celebración del referéndum ilegal.
