Izquierda Unida criticó el pasado martes, 20 de diciembre, la propuesta del equipo de Gobierno sobre la ordenanza que regula la tarifa por la prestación del suministro de agua potable y alcantarillado, que “se limita a mantener el sistema de tarifas vigente en el año 2022 con la aplicación de una subida generalizada del 8,7 por ciento en todas las tarifas”.
Para IU, que presentó alegaciones a la ordenanza, el servicio de suministro de agua potable y alcantarillado “debe considerarse un servicio esencial”, por lo que “la administración municipal está obligada a garantizar el acceso a éste a todas las personas, sin que nadie pueda verse privado de su adecuado disfrute por causas económicas”.
Así, para la concejala en el Ayuntamiento de Salamanca de la formación, Virginia Carrera, el establecimiento de una subida generalizada de precios del 8,7 por ciento “resulta inasumible para una gran parte de la ciudadanía que está teniendo que hacer frente a una importante inflación sin un correlativo aumento de los salarios”.
Al mismo tiempo, Carera consideró que es necesario afrontar “un paulatino cambio” en las prácticas de consumo de un bien “especialmente importante” como es el agua potable, que “no puede ni debe despilfarrarse”. “Debemos ser corresponsables con las exigencias de sostenibilidad y usos solidarios de los bienes comunes que requiere el futuro de nuestro planeta y de la propia humanidad”, añadió.
La combinación de estas las exigencias, incluyendo la garantía de suministro de un servicio esencial y limitación del consumo irresponsable, deben llevar, según Carrera, a plantear un “cambio radical” en el conjunto de la ordenanza, “en el que prime la garantía del servicio y el consumo responsable y que por el contrario encarezca los consumos excesivos, que además no se corresponden con el uso habitual de las familias sino con prácticas que exceden los límites de lo que se debe considerar un servicio esencial”.
