El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, firmó este martes en Madrid el manifiesto por la igualdad de todos los españoles junto al resto de presidentes de diputaciones, consells y cabildos de España y expresó su profunda preocupación por la degradación institucional que provocan las políticas del PSOE con las que quieren contentar a los independentistas.
Iglesias denunció que el Gobierno "no se ocupa de defender los problemas reales de los ciudadanos, porque está más ocupado en crear una agenda a medida para los independentistas y esta situación empieza a pasar factura a todos los españoles". Así, criticó que "la situación actual que ha obligado a los agricultores y ganaderos de Salamanca y de toda España a salir a la calle con sus reivindicaciones, mientras el Gobierno hace caso omiso a sus propuestas".
Todo esto evidencia a su juicio que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no piensa en el interés general, sino en el interés de una sola persona: Carles Puigdemont.
En este sentido, el manifiesto firmado recoge el "absoluto rechazo a la Ley de Aministía por ser injusta e inmoral. Tanto la ley de Amnistía que se está tramitando en las Cortes como el resto de privilegios que el independentismo está imponiendo como condición para sacar adelante las votaciones en el Congreso de los Diputados, ponen de relieve una grave alteración de las reglas del juego democrático".
Los presidentes firmantes expresaron además su malestar ante "el ataque directo que se está produciendo a los principios constitucionales más básicos, que llegan a comprometer la viabilidad de todas las administraciones públicas".
Asimismo, mostraron su compromiso de guardar y de hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado; expresaron también su rechazo a que la "extorsión del independentismo determine en última instancia las decisiones adoptadas por el Ejecutivo central; y recordaron que el Partido Popular siempre ha defendido la separación de poderes y la independencia judicial, por lo que rechazan las decisiones que usurpan sus funciones, como son las declaraciones de representantes políticos del Gobierno que ponen en duda las decisiones judiciales".
