La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una batería de ayudas destinadas a fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el mercado. Con una dotación inicial de 211.000 euros, que podrá ampliarse hasta los 600.000 euros en función de la demanda, el Ejecutivo regional busca derribar las barreras de acceso al empleo estable. Esta convocatoria destaca por su flexibilidad, permitiendo que las subvenciones alcancen hasta los 9.500 euros por cada contrato indefinido formalizado.
La estrategia se divide en tres ejes de actuación claramente diferenciados. El primero de ellos, el Programa I, se centra específicamente en la creación de empleo estable, incentivando tanto las nuevas contrataciones fijas como la conversión de contratos temporales en indefinidos. La cuantía base de esta ayuda es de 5.500 euros, pero se eleva a 6.000 euros si el trabajador es mujer o mayor de 45 años, y llega hasta los 7.500 euros para los colectivos con mayores dificultades de inserción. Además, para fomentar el crecimiento de los pequeños negocios, si se trata del primer empleado de un autónomo o de una cooperativa, se suman 2.000 euros adicionales al incentivo.
El segundo eje, denominado Programa II, tiene como objetivo facilitar el tránsito desde el empleo protegido hacia la empresa ordinaria. Esta medida busca que los trabajadores que actualmente desempeñan su labor en centros especiales de empleo o enclaves protegidos logren una integración plena en entornos laborales convencionales. Las cuantías de estas ayudas replican las del primer programa, aunque incluyen un plus de 2.000 euros para aquellas incorporaciones que se realicen de manera directa desde enclaves laborales, premiando así el salto a la empresa ordinaria.
Por último, el Programa III se enfoca en la infraestructura y la seguridad, financiando con hasta 1.800 euros la adaptación de los puestos de trabajo y la adquisición de medios de protección personal. El objetivo es garantizar que el entorno laboral sea plenamente accesible, eliminando cualquier barrera física o de comunicación que impida el desarrollo profesional del trabajador. El plazo para que las empresas y autónomos interesados presenten sus solicitudes permanecerá abierto hasta el 5 de octubre de 2026.
