La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, expresó hoy su “preocupación” por la situación de las residencias de Castilla y León y, aunque reconoció que las cifras globales de la pandemia no son halagüeñas en el ámbito de la Comunidad, puntualizó que el “comportamiento” de los centros residenciales de mayores mejora el registrado el pasado mes de marzo.
“Es evidente que los números, a nivel de Comunidad, no son buenos. La incidencia está aumentando, el comportamiento de las residencias en esta situación es mucho mejor que en marzo. Hay que estar muy pendientes de ellas. Esta mañana, había declarados en residencias de personas mayores 53 brotes, entendiendo como brote un único caso. Y hay 27 centros residenciales en toda la Comunidad que pueden tener más de cinco o seis casos, que pueden ser más preocupantes”, expuso.
“Es una situación que nos preocupa. Hay que incidir mucho en la responsabilidad de las personas, en la prevención, en tomar todas las medidas y, en este caso, especialmente, en el ámbito de los trabajadores, ya que son las personas que entran y salen de las residencias, que tienen contacto con la sociedad en general, que tienen más fácil el poder contagiarse”, apuntó.
En este sentido, Blanco Llamas recordó que “es difícil mantener un mínimo de distancia” al atender a personas mayores. “No la atiendes a un metro y medio. Son las personas más sensibles, más vulnerables y, desde la Junta de Castilla y León, se están poniendo todos los medios para intentar que no se produzcan esos rebrotes”, aseguró.
“Se realizan visitas de control, de seguimiento, inspecciones continuas, se ha realizado la campaña de tests serológicos que se le pasó a todas las residencias, el cribado, que finalizó en el mes de septiembre y vamos a iniciar próximamente otro cribado desde la Consejería de Familia con tests de antígenos para ser capaces de detectar esos casos antes de que se contagie toda la residencia”, expuso.
Por lo que se refiere a las residencias privadas, la consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades indicó que “se recaba esos datos para fines sanitarios” y que, a diario, se trasladan a Sanidad y a los Cecopi. “Se le dio traslado en su momento, en la primera ola, al Procurador del Común y aprobamos un decreto que dice que las familias tienen derecho a saber la situación epidemiológica del centro en el que están sus seres queridos y el centro tiene la obligación de facilitárselos”, anotó.
“Si no está ocurriendo así, que nos lo digan, actuaremos y sancionaremos. Pero los datos no se pueden hacer públicos de una manera global. Tenemos el informe de los servicios jurídicos de la Junta que dice que, sin la autorización de los centros, no podemos hacer públicos esos datos, que afectan a diferentes derechos, entre otros, el de la protección de datos”, subrayó.
En este contexto, la consejera puntualizó que el informe fue “ratificado” por la Abogacía del Estado, en este caso, del Ministerio de Servicios Sociales, al igual que la Agencia de Protección de Datos. “Luego tenemos tres informes encima de la mesa que nos dicen que no podemos dar esos datos, no solamente de las residencias privadas sino también de las públicas que no son titularidad de la Junta de Castilla y León”, agregó.
“Los únicos datos que estamos facilitando diariamente son los de los centros propios de la Junta que, además, diariamente, se hacen públicos también los datos agregados de las residencias, agregados por provincia. Luego mayor transparencia es imposible. Lo que no podemos es saltarnos los informes técnicos”, insistió.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades hizo todas estas declaraciones en la sede zamorana de la Fundación Rei Afonso Henriques antes de inaugurar el I Encuentro Transfronterizo de Jóvenes y Dinamización Rural ‘Transrural Joven’.
