El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha manifestado durante su intervención en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León -donde ha comparecido a petición propia para exponer el grado de cumplimiento de los objetivos de legislatura- que la Junta, tal y como ha anunciado el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, realizará una nueva bajada de impuestos, disminuyendo medio punto más el tipo mínimo de la tarifa autonómica del IRPF, desde el 9% hasta el 8,5%. Con esta bajada la Comunidad se consolidará con el segundo tipo mínimo más bajo de España, lo que beneficiará a la totalidad de los contribuyentes de la Comunidad, aproximadamente 1.300.000.
En concreto, un castellano y leonés con un sueldo bruto de 40.000 euros pagará 414 euros menos al año que en otras Comunidades Autónomas en las que se ha pagado un 24% más que en Castilla y León por los 12.450 euros primeros de base liquidable.
La Junta seguirá impulsando una gestión eficiente, dentro de la senda de consolidación fiscal. Para ello, ya se ha publicado la Orden de elaboración de los presupuestos para 2025. Su objetivo se centrará en seguir impulsando un crecimiento sostenido y sostenible, innovador y transformador de la economía de Castilla y León, que garantice un tejido productivo moderno y competitivo en una economía global y conectada.
Asimismo, ha señalado que la Junta seguirá defendiendo los intereses de todos los castellanos y leoneses, con el deseo de tener el apoyo expreso de todos los grupos parlamentarios representados en las Cortes de Castilla y León para lograr una respuesta favorable del Gobierno de España en tres cuestiones: en primer lugar en la Reforma del Sistema de Financiación Autonómica; en segundo lugar, la gestión de los fondos europeos; y por último, más colaboración con el impulso de las energías renovables.
1. Reforma del Sistema de Financiación Autonómica: el modelo vigente, caducado hace 10 años, es ineficiente, insuficiente y deficitario, y ha incrementado la infrafinanciación que sufren todas las CCAA de régimen común, afectando a la sostenibilidad de las cuentas públicas. El Consejo de Cuentas ha cuantificado esta infrafinanciación, para Castilla y León, en 6.700 millones de euros desde 2009 hasta 2021.
Así , la Junta de Castilla y León defenderá una financiación justa que atienda al coste real de los servicios que se prestan en cada territorio, como único camino posible para garantizar la igualdad de todos los castellanos y leoneses en el acceso a unos servicios de calidad; una financiación suficiente que compense la infrafinanciación actual que sufren todas las CCAA; una financiación equitativa para prestar los mejores servicios públicos en todo el territorio, cubriendo el coste real de su prestación, teniendo en cuenta el envejecimiento sobre el gasto futuro e incorporando la perspectiva demográfica al nuevo modelo para dotar de una financiación adicional a las CCAA con retos demográficos.
Asimismo, deberá ser una financiación consensuada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que tenga en cuenta las necesidades y posiciones de todas las Administraciones sin negociaciones bilaterales; y por último, una financiación solidaria para todas las CCAA de régimen común.
Por otra parte, el consejero ha recordado que por cada mes que ha pasado sin que el Gobierno de España haya actualizado las entregas a cuenta a las cuantías acordadas por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha seguido aumentando el desfase entre las cantidades que la Comunidad debería recibir del Sistema de Financiación y las que efectivamente ha recibido hasta el momento, que siete meses después del inicio del ejercicio suponen más de 360 millones menos.
2. Gestión de los Fondos Europeos: la Junta reclama una mayor participación en la gestión de estos recursos. El Gobierno no ha tenido en cuenta ni la opinión de los sectores productivos ni de las Comunidades, de forma que las bases reguladoras son extraordinariamente complejas y precisarían de un mayor nivel de flexibilidad.
Además, la Comunidad pedirá que se puedan establecer cambios y asignaciones de recursos hacia los programas con mayor éxito y demanda social. Y que esto se haga con el tiempo suficiente para poder gestionar adecuadamente los mismos.
3. Colaboración con el impulso al autoconsumo energético: la Junta reclama al Gobierno una respuesta favorable de colaboración para incluir en su planificación las infraestructuras de distribución de hidrógeno verde que demandan los proyectos de la Comunidad; que desarrolle la red de transporte, imprescindible para llevar a cabo el Plan de abastecimiento renovable en los polígonos empresariales; que acometa las modificaciones normativas que favorezcan un impulso mayor aún de las instalaciones de autoconsumo; y finalmente, que se facilite que la energía se consuma, cada vez en mayor proporción, en los territorios donde se genera.
Fernández Carriedo ha expuesto las acciones que la Consejería de Economía y Hacienda impulsará en los dos años que restan de legislatura: así, se impulsará un programa para garantizar energía renovable en polígonos empresariales con el objetivo de que en 5 años el 80% del suelo empresarial tenga abastecimiento renovable. Además, se está trabajando ya en un sistema de apoyo al autoconsumo de pymes que contará con una línea específica de subvenciones por importe de 15 millones de euros, complementada con la financiación de las inversiones con el apoyo de Iberaval; y se está trabajando en la elaboración de la Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León, con horizonte 2030, que ya ha pasado por la tramitación de información pública.
Asimismo, se aprobará la Estrategia del Talento de Castilla y León, que será la primera estrategia en España que considere el talento de forma integral, como factor de competitividad empresarial. Contará con una inversión estimada de 300 millones de euros para el periodo 2024-2027.
Con el objetivo de impulsar aún más la apertura de las empresas a los mercados exteriores, se ampliará dos años, hasta 2027, la vigencia del V Plan de Internacionalización Empresarial, para coordinar su alcance temporal con el resto de las estrategias de competitividad; emprendimiento, innovación, y RIS3. También Economía y Hacienda abordará el plan específico de transformación digital para pymes, previsto en la Estrategia de emprendimiento e Innovación, con ayudas para implantar tecnología para la digitalización inicial de empresas por una parte, y para impulsar, por otra, el salto a una transformación digital avanzada en tecnologías de macrodatos, la computación en la nube o la inteligencia artificial.
La Consejería pondrá en marcha el primer programa de costes simplificados en España, que se aplicará a las subvenciones de I+D, con el apoyo de fondos FEDER y autorización de la Comisión Europea; se prevé el desarrollo de la iniciativa “Castilla y León, Comunidad de Emprendedores”, cuyo objetivo es ser una Comunidad referente en emprendimiento, de forma que cualquier emprendedor tenga las mismas oportunidades y apoyo para desarrollar su negocio; y la puesta en marcha de la acreditación de entidades en el territorio con un “Sello de Excelencia distintivo Castilla y León Comunidad de Emprendedores”.
En los dos próximos años, se impulsará una Estrategia de sostenibilidad empresarial, para apoyar a las empresas de la Comunidad a alinearse con los criterios básicos que demanda la Unión Europea, y que van a condicionar la obtención de nuevos fondos; el impulso al Plan de Crecimiento Innovador, que contará con otros 25 millones procedentes del BEI, con el objetivo de alcanzar en esta legislatura los 260 millones de euros de financiación europea.
Con el objetivo de impulsar el reequilibrio territorial, se aprobará el programa de actuación para Tierra de Campos, que ya ha superado la fase de Gobierno Abierto, con una dotación de más de 61 millones para los 8 años de vigencia prevista. Asimismo se van a prorrogar hasta 2027 los programas de actuación territorial vigentes. Los programas correspondientes al de la Raya, zona Este de Segovia, y zona de la Sierra de la Demanda se trabajarán hasta el final de legislatura.
Por último, en materia de administración digital, en la Oficina Virtual Tributaria está prevista la ampliación de los medios de pago disponibles, con posibilidad de uso de Bizum y generalización del pago mediante tarjeta de crédito, así como el uso de Cl@ve para la autenticación y firma electrónica. En cuanto a la plataforma de contratación, se prevé la automatización de tareas relativas al intercambio de datos y documentos entre Duero y la Plataforma del Sector Público.
El consejero de Economía y Hacienda ha expuesto también un completo balance del trabajo realizado en los dos primeros años de XI legislatura en 12 ejes de actuación, de los que se destaca una accion por cada eje:
- Fortalecer el tejido empresarial mediante el fomento del emprendimiento: en marzo de 2023 se aprueba la Estrategia de Emprendimiento e Innovación, que prevé movilizar 812 millones de euros hasta 2027.
- Apoyo a sectores productivos: se han constituido los diferentes órganos de seguimiento del Plan del Hábitat, que en este primer año ya había alcanzado un 46% de ejecución.
- Actuaciones vinculadas al sector energético: se ha superado el objetivo de incrementar en 200MW la potencia instalada de autoconsumo, multiplicando por cinco la existente a principios de legislatura.
- La innovación y la digitalización al servicio de la transformación del tejido empresarial: la aceleradora Wolaria ha alcanzado la cifra de 240 proyectos innovadores impulsados, siendo reconocida por el Financial Times como la mejor de España, y entre las mejores de Europa.
- Ampliando mercados exteriores para crecer: en agosto de 2022 se presenta el V Plan de Internacionalización Empresarial, instrumento que ha favorecido nuestro liderazgo nacional en materia de exportación.
- Financiación suficiente y adecuada a las necesidades de las empresas: El conjunto de instrumentos recogidos en la Plataforma financiera ha financiado un total de 8.064 operaciones por importe de 1.288 millones de euros en lo que va de legislatura.
- Equilibrio territorial a través de los planes de inversión, fomento y desarrollo: se han reforzado las actuaciones de equilibrio, atendiendo a las necesidades específicas de desarrollo de cada territorio a través de programas de actuación económica.
- Una financiación autonómica justa: la Junta ha seguido reclamando en distintos foros la necesidad de disponer de una financiación adecuada para la prestación de servicios públicos, dentro de un modelo de financiación autonómica justo, suficiente y solidario.
- Una política fiscal moderada, orientada al mundo rural: la Junta ha impulsado cuatro grandes bajadas de impuestos, aplicando una política fiscal moderada, inteligente y selectiva, compatible con la prestación de servicios de calidad, que incentiva el consumo y la inversión, y favorece el crecimiento económico y la creación de empleo. Los beneficios fiscales vinculados al último presupuesto suponen 674 millones de euros.
- Eficiencia en la gestión de recursos públicos: Se ha gestionado con eficiencia los recursos públicos. Castilla y León mantiene una deuda pública y un déficit inferior a la media autonómica, y es la tercera Comunidad con mejor porcentaje de ejecución del gasto.
- Los Fondos Europeos como oportunidad: La Junta ha demostrado que sabe aprovechar los recursos europeos, ejecutando el 100% de los fondos inicialmente asignados en el periodo 2014-2020, elaborando los programas 2021-2027 aprobados por la Comisión Europea, y encabezando la gestión de los fondos Next-Generation.
- Una Administración digital, con servicios públicos digitales: se impulsa el avance hacia una administración digital, incorporando nuevas funcionalidades tanto en la Oficina Virtual Tributaria como en el sistema informático de contratación DUERO.
