El curso se ha desarrollado dentro de las actividades programadas en el marco del Convenio de colaboración suscrito entre la Fiscalía General del Estado y la Administración de la Comunidad (Consejería de la Presidencia) en materia de Formación Continua de Fiscales, que fue renovado el pasado 26 de septiembre. En él han participado tanto letrados de los Servicios Jurídicos de la Administración autonómica como fiscales destinados en Castilla y León.
En dicho curso, se han ofrecido las herramientas para coordinar a los diferentes agentes públicos encargados de la persecución de estos delitos. González Gago ha puesto de relevancia “el papel que representan los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León en el desarrollo de su enjuiciamiento”. Este departamento puede ejercer la acusación particular, junto a la acusación pública que ejerce la fiscalía, cuando exista un interés legítimo y directo de la Comunidad en la persecución de un presunto delito de esta clase, proponiendo la práctica de las pruebas que acrediten su autoría y solicitando las penas que procedan, así como la reclamación del resarcimiento de los daños que se hayan podido producir al Patrimonio y a la Hacienda Pública.
De igual forma, también es esencial en este tipo de delitos la coordinación previa entre la Administración pública autonómica, a través del personal técnico de la Consejería de Medio Ambiente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía, en la fase de investigación y el esclarecimiento inicial de los hechos.
El Consejero de la Presidencia ha hecho hincapié en la importancia de estas actuaciones coordinadas, y ha recordado que “desde la Junta de Castilla y León siempre nos hemos puesto a disposición de la Administración de Justicia, para ayudar y colaborar en todo aquello que sea de nuestra competencia, con el fin de lograr el esclarecimiento de cualquier conducta presuntamente delictiva”.
Asimismo, González Gago ha remarcado la importancia de evitar y perseguir este tipo de delitos medioambientales en Castilla y León, que en algunos casos, como los incendios, ponen en peligro la propia vida e integridad de las personas además de causar importantes pérdidas económicas en las zonas afectadas, sobre todo en una comunidad como Castilla y León que tiene una superficie forestal que representa el 52% de su superficie total y el 32% de la superficie forestal arbolada a nivel nacional. Más allá de los incendios, algunos de los delitos sobre los que este curso ha puesto el foco, por ser considerados como especialmente graves, son el envenenamiento de especies o la electrocución de la fauna.
La colaboración interinstitucional para la formación conjunta de fiscales y letrados de los Servicios Jurídicos autonómicos se viene produciendo desde el año 2017. Una colaboración muy fructífera que desde su puesta en marcha ha permitido formarse a más de 290 profesionales en ámbitos de interés común, como violencia contra la mujer, protección de menores, discapacidad o patrimonio histórico artístico.
