La Junta de Castilla y León tuvo que indemnizar a un maestro interino de Salamanca al que la propia Administración autonómica no concedió, por un “error administrativo”, la plaza que le correspondía, según informó este jueves UGT Servicios Públicos.
De esta manera, la Consejería de Educación admite que se le tienen que abonar las nóminas que este maestro dejó de percibir durante los meses que no pudo trabajar como consecuencia de ese error de la Administración y se le tienen que restituir los puntos que hubiera generado durante ese periodo.
Según explicó el sindicato, el 24 de febrero del pasado año se convocó el proceso selectivo de ingreso y adquisición de nuevas especialidades, además del procedimiento de baremación para constituir la lista de maestros interinos. En el momento de publicarse esta lista, el profesor salmantino que recurrió en noviembre del 2022 al no aparecer en ella, a pesar de tener puntos suficientes para haber logrado un puesto de trabajo.
Es más, el Servicio de Profesorado de Educación Pública Infantil, Primaria y Especial de la Consejería de Educación reconocía en un informe que en un principio se le negó la opción de estar en el listado de admitidos porque “fueron adjudicadas a participantes con mayor puntuación” que la del maestro salmantino. “Sin embargo, revisado el procedimiento de adjudicación informatizada de sustituciones de haber participado con las puntuaciones corregidas, le hubiera correspondido su petición número 13”, según añade el informe.
Es decir, que si no se hubiera producido el error en la baremación este maestro salmantino hubiera trabajado entre el 9 de septiembre de 2022 y el 22 de diciembre de ese mismo año.
Es la propia Consejería de Educación de Castilla y León la que admite el error y ha considerado, tras presentar el maestro salmantino afectado un recurso, que se le deben abonar los sueldos, con sus complementos, correspondientes a ese periodo que no pudo trabajar, además de reconocerle “la experiencia docente correspondiente a dicho periodo a efectos administrativos”.
Se trata de una “victoria importante por parte de un maestro que se vio privado de sus derechos ante un error administrativo”. Por ello, mostró su total respaldo a este profesional y reclamó a la Consejería de Educación un “mayor control” en la adjudicación de plazas para evitar perjuicios como los ocasionados.
